La cobertura universal de salud no es solamente llegar a más personas con servicios de salud, también requiere garantizar que las personas adecuadas reciban los servicios adecuados en el momento adecuado y que sean de la calidad adecuada. Para conseguir este objetivo la política sanitaria que es obligación del Estado, Gobierno y Comunidades Autónomas, se deben tener en cuenta todos los recursos que presenta el país, tanto públicos como privados, hay que olvidar la ideología en materia sanitaria y ser mucho más pragmáticos.
Uno de los problemas que se deben afrontar en estos momentos es el rechazo de las aseguradoras Adeslas, Asisa y DkV, a la renovación del concierto con Muface. Muface es la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, da cobertura a más de 1,5 millones de funcionarios públicos, esta mutualidad permite que los empleados públicos elijan entre recibir atención médica a través de la sanidad pública o mediante aseguradoras privadas, Adeslas, Asisa o DKV. Actualmente, un 72% eligen la asistencia sanitaria privada, el 34% Adeslas, 25% Asisa y 13% DKV y en un 28% la sanidad pública. . Hay que añadir un dato, por franjas de edad, el 42,4 % de los usuarios están entre los 35 y 64 años, mientras que el 32 % tiene más de 65.
En mi opinión este conflicto es un síntoma más de un modelo sanitario que ha quedado obsoleto, demasiado rígido y jerarquizado, olvidando que estamos ante una realidad cambiante y que los modelos deben tender hacia un enfoque mucho más dinámico, basados en la participación de todos los profesionales de la salud en equipos multidisciplinarios, de todos los recursos públicos y privados y en una mayor cogobernanza, con un enfoque basado en la prevención.
Si centramos el problema en el aspecto económico, el gobierno ha ofrecido un incremento del 17% en la financiación para los próximos años, 1.337 millones en 2025 y 1.344 millones en 2026, pero las compañías consideran que necesitarían un aumento superior al 40% para cubrir costes. Esto ha dejado el futuro del modelo en el aire y ha abierto el debate sobre la posible integración de los mutualistas en el Sistema Nacional de Salud. Hoy jueves cinco de Diciembre caduca el plazo que dio el Gobierno, para que las aseguradoras plateen su estructura de costes, esto indica que habrá una nueva licitación y que se buscará un precio más ajustado a las necesidades de las aseguradoras.
Si hubiera una integración en el Sistema Nacional de Salud, supondría un aumento de pacientes del 2,12%. Pero desde organizaciones como Fedeca, que representa a los funcionarios, alertan de un incremento en las listas de espera de hasta el 266% en consultas de especialistas y del 115% en procedimientos quirúrgicos. Según los datos del Ministerio de Sanidad, hay seis millones de personas en listas de espera entre consultas, pruebas diagnósticas y cirugías. Si les sumamos las provenientes de Muface, la situación puede ser terrible.
El coste sanitario por mutualista en Muface es de 1.013 euros anuales, frente a los 1.736 euros de media que supone un paciente en la sanidad pública, según un informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). Este ahorro, estimado en 1.000 millones de euros anuales, es un argumento de peso suficiente para defender el modelo. Con el aumento que propuso el Gobierno del 17,12 % de la prima por asegurado, situaría en 2026 la prima media anual en 1.208,81 euros, 176,69 euros más respecto a los 1.032,12 euros actuales. Todavía en mi opinión hay margen de subida del precio de licitación, para intentar que las aseguradoras de Muface, sigan atendiendo a los funcionarios que así lo soliciten y evitar un incremento de las listas de espera en sanidad pública.
Pero las aseguradoras también tienen que mejorar, y aquí creo que debería estar centrada la negociación. Últimamente se ha deteriorado la atención sanitaria de estas aseguradoras, debido a una falta de profesionales, al igual que sucede en la sanidad pública. Muchos profesionales han abandonado a estas aseguradoras debido a que la remuneración por sus servicios ha ido empeorando de forma paulatina. En definitiva en esta negociación, que no deja de ser un concierto sanitario, como los muchos que ya existen, se debe exigir que el incremento de la partida que asigna el gobierno a Muface para pagar a estas aseguradoras, vaya principalmente a incrementar la remuneración de los profesionales.
Las aseguradoras por tanto están en una posición de negociación que deben modular, más aún teniendo en cuenta la iniciativa de la Asociación Unión Médica Profesional(Unipromel), que representa a más de 10.000 facultativos autónomos, y que defiende hacerse cargo de la asistencia sanitaria de los mutualistas. Sin aseguradoras de por medio. Su modelo,denominado 'Mutualidad Directa' pasa porque sean los propios médicos los que presten atención sin intermediarios. El proyecto, dicen, podría incluir a 600 hospitales y 40.000 médicos,
En definitiva el Gobierno por medio de Muface, tiene la obligación de controlar el presupuesto para este concierto sanitario y también velar por la calidad del servicio que se presta con unos profesionales bien remunerados, teniendo claro que interesa mantener el servicio para no colapsar aún más la sanidad pública. Como decía Henry Ford, ¨Hay una regla para el empresario y es: hacer los productos con la mayor calidad posible al menor coste y pagando unos sueldos lo más altos posibles".
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