La propuesta del Gobierno sobre los influencers se queda corta

El gobierno ha decidido modernizar el derecho de rectificación, que en realidad debería llamarse derecho de réplica (en la mayoría de las ocasiones, los aludidos no rectifican el grueso de la noticia, sino que dan su versión, es decir, replican), para incluir a los influencers. Este movimiento ha generado dudas, especialmente entre medios y comentaristas de extrema derecha, pero más allá de esas voces, hay que reconocer que el diagnóstico del problema por parte del gobierno es acertado. No obstante, la solución propuesta se queda corta.

Hasta ahora, el derecho a la rectificación se aplicaba a los medios de comunicación tradicionales y digitales, obligándolos a publicar una réplica si la información publicada a petición del afectado, y en todo caso, mediante sentencia judicial. Esta legislación, en vigor desde 1984, no contemplaba el fenómeno creciente de los influencers, quienes, a través de plataformas como Twitter, YouTube o TikTok, pueden tener un alcance mayor o tan significativo como muchos medios de comunicación.

La propuesta del Gobierno busca incluir a estos "usuarios de especial relevancia" —aquellos con más de 100.000 seguidores en una sola red o 200.000 en total— bajo el mismo paraguas legal, permitiendo que personas, instituciones o empresas afectadas por información errónea o comentarios injuriosos o calumniadores, puedan solicitar una rectificación o réplica. Este es un reconocimiento necesario de que la difusión de información falsa en cualquier canal puede causar tanto daño como en los medios convencionales.

Así, en una primera impresión, la ley se quedaría corta en los siguiente:

1. Anónimos en Redes Sociales: La identificación de quien publica contenido falso en redes sociales es problemática debido al anonimato. No queda claro cómo se puede exigir rectificación a usuarios anónimos, ni quién sería responsable de dicha rectificación.
2. Responsabilidad de las Plataformas: Mientras que los medios de comunicación pueden ser condenados por difundir información falsa, las plataformas de redes sociales no asumen responsabilidades similares por el contenido que permiten publicar. Esta disparidad es notable, ya que ambas difunden información y opinión a terceros. La ley debería exigir que las redes sociales se responsabilicen de las sanciones o indemnizaciones, al igual que las empresas periodísticas tradicionales.
3. Criterios de Aplicación: La ley establece umbrales de seguidores para aplicar, pero esto plantea dudas sobre su eficacia práctica. ¿Qué ocurre con los retuits o la difusión de contenido de cuentas con pocos seguidores por parte de influencers muy seguidos? Además, la inclusión de plataformas como WhatsApp o Telegram, donde la difusión de información puede ser muy viral, no está claramente definida.

Les pongo un ejemplo precisamente relacionado con este tema. Acabo de ver en X a un usuario que tiene más de 840.000 seguidores, y es anónimo, no hay ni un solo dato sobre él en su perfil, y publica un fragmento de unas declaraciones sobre este asunto del ministro Bolaños, y lo completa con la frase "Bolaños anuncia que el Gobierno obligará a los usuarios de redes sociales a rectificar cuando publiquen noticias falsas:" Pues bien, Bolaños no hace nada de lo dicho, y basta con ver el vídeo, pero eso no impide que una diputado de Vox lo redifunda y lo jalee, a sabiendas de que es mentira.

Algunos temen que esto coarte la libertad de expresión, pero no se trata de censura, sino de responsabilidad. El gobierno no decidirá qué es verdad o mentira, y los tribunales seguirán siendo el árbitro final. La nueva normativa simplemente extiende las responsabilidades que ya tienen los periodistas a los influencers que objetivamente tienen más influencia social que muchos de ellos, y todo sin restringir la libre expresión, porque -insisto- el Gobierno no tendrá potestad para nada nuevo.

En resumen, el gobierno acierta al poner el foco en las redes sociales, pero la normativa propuesta es insuficiente y probablmente ineficaz por ello. Para proteger realmente el derecho a la información veraz, es necesario exigir a las plataformas que identifiquen a sus usuarios y asuman las responsabilidades derivadas de la difusión de información falsa. Esto no coarta la libertad de expresión, como no lo hace en los medios de comunicación convencionales, sino que la garantiza al asegurar que la información difundida sea veraz, como exige nuestra Constitución.