El alcalde de Carboneras, Salvador Herández, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la suspensión de los plazos establecidos para informar cada diez días sobre las modificaciones y acciones dirigidas a declarar como "no urbanizable" los terrenos de El Canillar y El Algarrobico, donde se encuentra el hotel de Azata. Esta petición surge ante la advertencia de posibles multas coercitivas en caso de que se produjeran dilaciones "no justificadas".
En un escrito dirigido a la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada, el primer edil expone que el Ayuntamiento no cuenta con secretaria para llevar a cabo los trámites requeridos. En su comunicación, menciona que el puesto de secretaría está vacante desde que la persona que ocupaba ese cargo cesó funciones el 24 de diciembre sin que aún haya sido reemplazada.
Justificación del pedido
Hernández señala en su documento que una vez se designe a un nuevo secretario, se informará a la Sala sobre esta situación. Argumenta que es esencial contar con este funcionario municipal para cumplir con la resolución judicial.
La Sala había ordenado previamente un oficio "urgente" al alcalde para que implementara cambios en el plan general del municipio, siguiendo las observaciones realizadas por Greenpeace y la Junta de Andalucía. Estas entidades habían presentado alegaciones al informe técnico municipal enviado en agosto, donde el Ayuntamiento consideraba que había cumplido con los requisitos necesarios.
Advertencias del tribunal
La magistrada María del Mar Jiménez Morera exigió al alcalde que informara "cada diez días" sobre las acciones realizadas para cumplir con las modificaciones requeridas, advirtiendo explícitamente sobre posibles "multas coercitivas" si se detectaban dilaciones injustificadas. Además, mencionó la posibilidad de remitir el caso a las autoridades judiciales si no se llevaban a cabo las acciones necesarias.
El tribunal ya había advertido anteriormente al alcalde sobre multas personales e incluso la posibilidad de involucrar a la Fiscalía si no se adoptaban medidas para declarar ambos parajes como no urbanizables, aunque finalmente no se llegó a tomar dicha decisión.
Puntos específicos señalados
En esta ocasión, se hicieron varias puntualizaciones sobre el ordenamiento territorial que fueron destacadas por Greenpeace y el Gobierno andaluz. Entre ellas, se incluye la eliminación de 'El Canillar' como suelo urbanizable vigente y otras menciones relacionadas.
También se solicitó la "publicación" de la normativa urbanística "corregida" en cumplimiento de sentencia; un aspecto crucial para los demandantes después de que el Ayuntamiento solo incorporara el contenido de la sentencia en los instrumentos técnicos del planeamiento sin dar visibilidad a los cambios en los boletines oficiales correspondientes.
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