El Gobierno español ha detallado las medidas urgentes implementadas para paliar los efectos de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 devastó el litoral mediterráneo, especialmente la Comunidad Valenciana, pero también el Poniente de al provincia de Almería. Aunque se han evaluado 49.015 explotaciones agrarias dañadas, solo 9.043 (18,5%) cumplen el umbral del 40% de pérdidas requerido para acceder a las ayudas directas de hasta 25.000 euros. Estos datos, publicados en el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), reflejan la magnitud de un desastre que ha impactado a unas 50.000 explotaciones, de los cuales 35.952 declararon rentas agrarias en 2023.
La respuesta gubernamental a una pregunta del PP de Almería, consultada por Noticias de Almería, se articula en tres pilares: reacción inmediata, reconstrucción y relanzamiento del territorio. Mediante los reales decretos-leyes 6/2024, 7/2024 y 8/2024, se han destinado 200 millones de euros en ayudas directas para compensar pérdidas de producción, además de 180 millones para restaurar explotaciones (170 millones) y reponer maquinaria (10 millones). Las compensaciones, que equivalen al 30% de los ingresos agrarios de los últimos tres años, se abonarán automáticamente en un plazo de tres meses sin necesidad de solicitud. No obstante, solo los municipios incluidos en los anexos de los decretos —112 inicialmente, ampliados luego con todos los de Valencia— podrán optar a estos fondos.
La provincia de Almería, con 34 municipios declarados catastróficos, es una de las más perjudicadas. Allí, TRAGSA —empresa pública del Ministerio de Agricultura (MAPA)— ya ha intervenido en 3.598 parcelas, reparando infraestructuras como acequias, caminos rurales y sistemas de riego. Paralelamente, se ha activado una línea de crédito bonificado (DANA/ICO-MAPA-SAECA) con 60 millones de euros para subvencionar el 15% del capital solicitado y avalar financieramente a los afectados.
El número de titulares de explotaciones agrarias en las zonas afectadas se estima en unos 50.000, de los que 35.952 declararon rentas agrarias en 2023. Hasta el momento ya se han valorado 49.015 explotaciones, de las que 9.043 tienen daños superiores al 40% en al menos una parcela. En la página web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ya se ha publicado una primera lista de beneficiarios, con 6.742 agricultores. En las próximas semanas se irán publicando nuevos listados con más beneficiarios
También cabe citar las medidas de compensación de rentas y pérdidas de producción, como las Ayudas directas por un montante total de 200 millones de euros: los destinatarios serán aquellos titulares de alguna explotación agrícola, ganadera o parcela agrícola localizada en el ámbito de aplicación estipulado que hayan sufrido daños superiores al 40 % en su producción, plantación, censo ganadero o sistema de protección de cultivos e infraestructuras. El porcentaje de daño que supone el umbral para recibir la ayuda es el resultado de una estimación de gasto realizado en función de la información disponible en el momento de la redacción del texto legal según el potencial número de explotaciones afectadas, habiendo seguido para ello un criterio amplio al considerar incluidos todos los elementos dañados susceptibles de aseguramiento en el Sistema de Seguros Agrarios Combinados, lo que incluye, entre otros, los invernaderos. Esta medida, siempre que se cumplan los requisitos estipulados, se aplicará a titulares tanto si cuentan con una póliza de seguro agrario como si no es el caso. Si bien es evidente que los efectos de la Dana han podido sentirse en áreas geográficas más amplias, los municipios que han sido considerados para la aplicación de esta ayuda extraordinaria para compensar la pérdida de renta en las explotaciones agrarias son aquellos que fueron especialmente damnificados por el fenómeno meteorológico, según los datos disponibles en ese momento, y figuran recogidos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre y en el anexo del Real Decreto-ley 7/2024, sumando un total de 112 municipios de cinco provincias diferentes. Posteriormente, en el Real Decreto-Ley 9/2024 se amplió este número con todos los municipios de la provincia de Valencia.
El importe de la ayuda será el correspondiente a un 30% de los ingresos agrarios que hayan percibido las personas afectadas en los últimos tres ejercicios de la declaración de la renta. No se necesita ningún tipo de solicitud, y será la ayuda directamente ingresada en sus cuentas en un plazo estimado de tres meses. El máximo fijado en 25.000 euros atiende a la normativa en vigor para las ayudas de minimis establecida actualmente en la legislación comunitaria (Reglamento (UE) 2022/2472 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).
AGROSEGURO, encargada de evaluar los daños, ha desplegado a más de 140 peritos. Hasta la fecha, 6.742 agricultores figuran en la primera lista de beneficiarios publicada por el FEGA, y se espera ampliar el número en las próximas semanas. Además, para reactivar el sector, se han destinado 4,5 millones de euros a garantizar el abastecimiento alimentario en zonas afectadas, distribuidos en 28.446 menús y 131 toneladas de frutas y hortalizas frescas a través de Mercasa.
El MAPA, a través de la empresa pública TRAGSA, está actuando sobre las explotaciones afectadas con acciones de limpieza, desescombro, reposición de tierra, reparación de bancales, balsas, terrazas y espalderas, limpiando los caminos rurales de acceso a las explotaciones, reconstrucción de acequias y demás infraestructuras de riego, así como el suministro eléctrico.
A fecha del pasado 14 de enero se han visitado 3.598 parcelas de agricultores afectados, se están ejecutando obras en 93 caminos rurales y se han visitado ya 160 comunidades de regantes.
Pese los esfuerzos, organizaciones agrarias critican la rigidez del umbral del 40% de daños, que excluye a miles de productores. El MAPA defiende que el criterio sigue las directrices comunitarias de *ayudas de minimis* y prioriza a los municipios más devastados. Mientras, el Gobierno insiste en que el plan de reconstrucción —con un enfoque climático— seguirá evolucionando, aunque la brecha entre afectados y compensados marca un desafío pendiente.
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