El timo de la quita

Hay decisiones políticas que, por su magnitud e impacto, no solo generan debate, sino que revelan las prioridades reales de un gobierno. La reciente decisión de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y ahora también secretaria general del PSOE de Andalucía, de condonar un 20% de la deuda autonómica vinculada al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), es una de ellas. En total, más de 83.000 millones de euros de deuda que ahora, en vez de ser pagados directamente por las comunidades autónomas, pasarán a ser asumidos por el Estado. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Que esa deuda no desaparece, simplemente cambia de bolsillo: de las autonomías al Estado, es decir, a los ciudadanos.

El anuncio ha generado polémica, especialmente porque quien lo pidió es Cataluña, con 17.000 millones de euros condonados, una cifra que supera incluso las exigencias iniciales de los partidos independentistas. Como bien reconoció Oriol Junqueras, han conseguido más de lo que pedían porque “son muy buenos negociando”. Y es evidente que lo son, pero lo preocupante es que este tipo de negociaciones siempre acaban teniendo un mismo resultado: el resto de los españoles pagando las concesiones que el Gobierno hace a Cataluña para garantizarse su apoyo parlamentario.

Para maquillar la medida que la propia Monterio calificó de falsa cuando el PP dijo hace menos de un año que se haría (la vicepresidenta dijo que eso no estaba sobre la mesa, y que los populares se lo habían inventado, y ahora, con el mismo desparpajo, afirma que estaba en el pacto de investidura), el Ejecutivo ha ampliado la quita a todas las comunidades autónomas. En apariencia, esto podría parecer una medida equitativa, pero lo que realmente ocurre es que los ciudadanos de comunidades con menor deuda acabarán financiando a aquellos cuyos gobiernos han gestionado peor sus cuentas. En otras palabras, se premia a quien más debe y se castiga a quien ha sido más responsable.

Pero la cuestión es por qué tomar esta medida que solo ha pedido Cataluña, por qué el 20% en vez de el 10% o el 25%... o el 5%, o el 50%... sencillamente porque se ha negociado sin contar con nadie más que con aquellos cuyos votos necesitan para seguir calentando escaño.

Pero hay un punto aún más indignante en todo este asunto. Mientras se condonan 83.000 millones de euros de deuda a las autonomías, Montero sigue defendiendo que el salario mínimo interprofesional (SMI) debe tributar en el IRPF. Es decir, el Estado perdona las deudas a las comunidades autónomas, pero no renuncia a quedarse con una parte de los sueldos más bajos de los trabajadores vía Seguros Sociales e IRPF. Parece que arañarle 600 millones a quienes menos cobran es imprescindible para los Presupuestos del Estado... que luego puede "perdonar" 83.000 millones.

Aquí surge la gran contradicción: si el gobierno es capaz de asumir el coste de una quita multimillonaria, ¿por qué sigue reteniendo una parte del salario de quienes menos ganan? Montero justifica que eliminar la tributación del SMI "rompería el cálculo económico". Pero, ¿qué cálculo es ese que permite condonar miles de millones a los gobiernos autonómicos mientras se sigue exigiendo a los ciudadanos que paguen hasta el último céntimo?

Este movimiento no puede entenderse sin una lectura política. Montero ha sido recientemente nombrada líder del PSOE en Andalucía y su destino natural es ser candidata a la presidencia de la Junta. Este anuncio, que vende como un beneficio para todas las comunidades, tiene un claro componente electoral: usar el dinero público para generar titulares favorables y condicionar el voto en las próximas autonómicas. Y es que junto a Cataluña, Andalucía será la gran beneficiaria... que será su "circunscripción" electoral. Si Juanma Moreno no pide la quita, le acusarán de no priorizar el interés de Andalucía, y si lo pide, le acusarán de incoherencia por haberlo criticado.

Pero echemos más cuentas. Montero, cuando era consejera en Andalucía, exigía a Mariano Rajoy un total de 4.000 millones de euros por la financiación autonómica, y que ella como ministra, no ha pagado, y a eso hay que sumarle otros 1.200 millones anuales desde 2018, lo que deja una deuda de España con la Junta de unos 12.000 millones aproximadamente... así que si ahora nos "perdonan" 18.000 millones, en realidad no nos han perdonado nada ya que es nuestro.

Sin embargo, los andaluces tienen derecho a preguntar: ¿quién va a pagar esta fiesta? Porque al final, el dinero no cae del cielo. Si no se paga con impuestos autonómicos, se pagará con impuestos estatales. Y lo pagaremos todos.

Veamos el impacto por habitante según un gráfico de Datadicto que he visto en X, con datos del INE y el BE:

• Los valencianos serán los más beneficiados con 1.047 euros condonados por persona, seguidos de los catalanes con 1.019 euros.
• En el lado contrario, los madrileños tendrán que asumir un esfuerzo adicional de 865 euros, los canarios 746 euros y los castellano-leoneses 700 euros.
• Los andaluces, a quienes Montero pedirá el voto en las próximas elecciones, deberán asumir 265 euros extra por esta medida.

Es decir, los ciudadanos de las comunidades con menos deuda asumirán la carga de quienes han acumulado más pasivos en sus cuentas públicas.

Más allá de la indignación lógica que pueda generar esta medida, lo que realmente está en juego es el modelo de gestión pública. Si las autonomías saben que sus excesos serán asumidos por el Estado, ¿qué incentivo tienen para gestionar bien sus recursos? Este tipo de decisiones envía un mensaje claro: endeudarse irresponsablemente no solo no tiene consecuencias, sino que acaba siendo recompensado.

Los ciudadanos merecen explicaciones. Si hay dinero para perdonar 83.000 millones de euros en deuda autonómica, ¿por qué no hay para aliviar la carga fiscal de los trabajadores? ¿Por qué se nos dice que hay que hacer sacrificios mientras se rescata a gobiernos que no han sabido gestionar bien sus recursos?

María Jesús Montero, con su habitual tono pedagógico, debería explicarnos a los andaluces, a quienes dentro de poco pedirá el voto, por qué tenemos que pagar los errores de otros mientras se nos sigue exprimiendo cada mes en la nómina. Hasta entonces, la respuesta parece clara: porque para este Gobierno, el dinero de todos siempre está al servicio de sus intereses políticos.