Esta mañana, a las 9:40 horas, se ha ejecutado el desalojo y posterior derribo de un asentamiento ilegal de chabolas ubicado en el cortijo El Uno, en la barriada de San Isidro, municipio de Níjar. La operación, ordenada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Almería tras una demanda del propietario de los terrenos, ha afectado a un medio centenar de habitantes habituales, la mayoría de origen marroquí y trabajadores de los invernaderos de la zona. Sin embargo, al momento de la intervención, solo permanecían en el lugar unas veinte personas, entre ellas nueve menores de edad.
El operativo, que contó con la presencia de una comitiva judicial escoltada por un amplio dispositivo de Guardia Civil y Policía Local, comenzó con la notificación del desahucio a los residentes. Poco después, las excavadoras iniciaron la demolición de las infraviviendas, construidas principalmente con materiales precarios como plástico, madera y cartón. Entre los escombros quedaron restos de enseres personales, como mantas, neveras, ropa y una bicicleta infantil, evidenciando la urgencia con la que algunos moradores abandonaron el lugar.
Según testimonios recogidos en la zona, muchos de los habitantes habían comenzado a marcharse desde la tarde del lunes, buscando refugio en casas de familiares, otros asentamientos cercanos o incluso fuera de la provincia. Algunos, como una familia que decidió retornar a Marruecos, optaron por soluciones drásticas ante la falta de opciones. Sin embargo, la mayoría de los desalojados no ha recibido alternativa habitacional por parte de las administraciones, lo que ha generado críticas de organizaciones sociales y entidades como el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y la plataforma Derecho a Techo.
Por su parte, el Ayuntamiento de Níjar ha declinado responsabilidad, argumentando que se trata de un asunto privado entre el propietario y los ocupantes, pese a las advertencias previas del Defensor del Pueblo Andaluz, que el pasado 24 de febrero instó al consistorio a coordinarse con otras entidades para buscar soluciones.
El desalojo del cortijo El Uno se suma a una serie de operaciones similares en el municipio en los últimos dos años, como los de Walili, Megasa y El Cañaveral, reflejando un problema estructural de vivienda que afecta a unas 3.500 personas en cerca de 30 asentamientos de la comarca, según datos de Andalucía Acoge. Mientras tanto, la plataforma Derecho a Techo ha anunciado movilizaciones para el próximo 13 de abril, exigiendo medidas urgentes que garanticen el derecho a una vivienda digna para los trabajadores agrícolas de la región.
A medida que las excavadoras concluían su tarea esta mañana, los rostros de cansancio y resignación de los últimos habitantes del asentamiento reflejaban la incertidumbre de su futuro.
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