28F: El papel de la derecha

Cada 28 de febrero, Andalucía conmemora su acceso a la autonomía plena bajo el artículo 151 de la Constitución y en su condición de nacionalidad histórica, un hito que el relato oficial ha presentado durante décadas como una conquista exclusiva de la izquierda, y más concretamente del PSOE. Sin embargo, esta simplificación partidista oculta una verdad incómoda para los socialistas: la derecha andaluza, representada entonces por la Unión de Centro Democrático (UCD), no solo no se opuso al proceso autonómico, sino que fue decisiva para su éxito.

Desmontar este bulo —repetido hasta la saciedad por el socialismo andaluz durante casi cuatro décadas, hasta el punto de que incluso en el Partido Popular (PP) muchos lo han asumido como cierto— no es un ejercicio de nostalgia, sino de justicia histórica.

El primer error —o manipulación— del relato socialista es vincular al actual PP andaluz con Alianza Popular (AP), el partido liderado por Manuel Fraga en 1980. La realidad es que AP tenía un peso político insignificante en Andalucía: no contaba con diputados en el Congreso por la comunidad y, por tanto, tampoco tenía representación en la Asamblea de Parlamentarios que diseñó el proceso preautonómico. En términos prácticos, AP era un partido extraparlamentario en Andalucía en aquellas fechas.

La clave está en entender que el PP andaluz no surge de AP, sino de la UCD, la fuerza hegemónica del centro-derecha en ese momento. Por tanto, para conocer el verdadero papel del centro-derecha en la autonomía andaluza, hay que revisar lo que hizo la UCD liderada por Adolfo Suárez desde Madrid.

Otro mito recurrente es ocultar que hubo dos UCD, y colapsó finalmente a partir de la quiebra que le supuso proceso andaluz. Por un lado, estaba la UCD que desde Madrid financió la campaña del “Andaluz, éste no es tu referéndum”, liderada por Lauren “Castigo”, que veía con recelo el acceso de Andalucía al artículo 151. Por otro lado, la UCD andaluza, impregnada del espíritu autonomista de Manuel Clavero Arévalo, a quien, entre otras cosas, debemos el nombre de “Junta de Andalucía” y mucho más.

Pero más allá de estos matices políticos, los datos son claros y desmontan el discurso del PSOE.

La Ley Orgánica que regulaba el proceso autonómico exigía, como paso previo para convocar el referéndum, que al menos tres cuartas partes de los municipios de cada provincia —representando a la mayoría del censo electoral— aprobasen la petición. En una Andalucía donde en la mitad de las provincias la UCD tenía una clara mayoría de ayuntamientos, sin su respaldo habría sido imposible superar este primer escollo.

Tomemos como ejemplo Almería, donde la UCD controlaba ampliamente el territorio. En esta provincia, el 92% de los ayuntamientos apoyó la petición (la misma cifra que en Málaga), superando muy ampliamente el umbral del 75% exigido por la ley. Estos municipios representaban, además, al 95% del censo electoral (como en Granada) y al 96% de la población almeriense (cifra similar a la de Huelva).

Si la UCD no hubiese apostado por la celebración del referéndum, éste jamás habría tenido lugar. Y si alguien duda del papel de la formación, basta recordar que en el Ayuntamiento de Almería, la petición de autonomía se aprobó por unanimidad. El partido mayoritario era la UCD de Fausto Romero, que defendió el proceso con firmeza. Curiosamente, la UCD estaba en la oposición debido a un “pacto de izquierdas” que colocó al socialista Santiago Martínez Cabrejas en la alcaldía, con el apoyo, entre otros, del Partido Socialista Andaluz (PSA), es decir, de los andalucistas, que también tenían concejales en la capital, siendo otro ejemplo del sentir de aquellos momentos.

Más datos. En el referéndum del 28F —donde, por cierto, ni la palabra “Andalucía” ni la de “autonomía” aparecían en la papeleta—, en Almería se registraron 118.186 votos a favor, frente a solo 11.092 en contra y 12.307 abstenciones. En una provincia dominada por la UCD, este resultado hubiese sido imposible sin la movilización de sus cuadros en favor del artículo 151, desoyendo las directrices de la UCD estatal, que promovía la abstención.

Para ser justos, no se trata de ensalzar a la UCD, ni mucho menos, sino de cuestionar la paparrucha con la que el PSOE sigue intoxicando. En realidad, esta formación fue responsable, junto al PSOE, tanto de lo bueno como de lo malo: lo malo, el propio referéndum y sus condiciones antidemocráticas; lo bueno, su implicación para que Andalucía accediera a la autonomía plena.

Quizá algunos echen en falta en este artículo un análisis del papel que jugaron los andalucistas, o de cómo se produjo el desbloqueo autonómico. Pero ese, sin duda, es otra historia cargada de engaños con la misma firma.