El Juzgado de Instrucción Número 20 de Madrid ha decidido investigar a cuatro periodistas por la presunta revelación de secretos. Esta indagación se centra en el contenido de un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que detalla el material incautado en el despacho de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Este informe fue presentado en el marco de la investigación que lleva a cabo el Tribunal Supremo (TS) contra Rodríguez y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Según informaciones publicadas por 'El País' y confirmadas por fuentes jurídicas, el juzgado ha convocado a declarar como investigados a los cuatro redactores el próximo 19 de junio. Entre ellos se encuentran uno de 'El País', dos de 'El Mundo' y uno de '20 Minutos'. Esta citación está relacionada con las informaciones que estos periodistas publicaron el pasado 25 de noviembre sobre un informe en el que la UCO examinaba las conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos intervenidos a la fiscal provincial por orden del Supremo.
Detalles del caso
La actuación judicial se produce tras recibir en diciembre las "quejas" de la Abogacía del Estado, que representa a Rodríguez y García Ortiz, respecto a las supuestas filtraciones relacionadas con el informe de la Guardia Civil. Este documento hace referencia al registro efectuado en el despacho de la fiscal provincial el 30 de octubre.
En este informe se concluye que el fiscal general tuvo una "participación preeminente" en los hechos que llevaron a la filtración objeto de investigación. Esto surgió a raíz de una querella presentada por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Contexto legal
Además, el informe incluye un relato cronológico sobre "todas las comunicaciones" mantenidas por Rodríguez con otros miembros de la Fiscalía en relación con los hechos investigados. Esto abarca incluso las conversaciones sostenidas con García Ortiz justo antes de que se difundiera la nota informativa objeto del proceso.
Finalmente, el magistrado del Supremo ha delegado este asunto en los juzgados de Plaza de Castilla para su tratamiento adecuado, dado que solo este alto tribunal tiene competencia para investigar acciones presuntamente cometidas por personas aforadas debido a su cargo.
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