Hasta 120.000 almerienses menores de 14 años podrían beneficiarse a partir del 1 de julio de 2025 de la gratuidad en el transporte público metropolitano en autobús, una medida impulsada por el Gobierno de España que busca fomentar la movilidad sostenible y aliviar la carga económica de las familias. Sin embargo, esta iniciativa, anunciada hace semanas, se encuentra actualmente paralizada debido a un enfrentamiento político entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, y la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, dirigida por Rocío Díaz. El conflicto, centrado en la atribución de la financiación de la medida, ha escalado hasta el punto de que el Ministerio ha retirado las ayudas destinadas a esta gratuidad en Andalucía, dejando en incertidumbre su aplicación en Almería y el resto de la Comunidad.
Una medida ambiciosa
La gratuidad del transporte público para menores de 15 años forma parte de un nuevo esquema de bonificaciones aprobado por el Gobierno central mediante el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero. Este paquete de medidas, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, incluye también descuentos del 50% en abonos para jóvenes y una rebaja mínima del 40% en títulos multiviaje para el resto de usuarios, con una cofinanciación del 20% por parte del Ministerio y otro 20% por las comunidades autónomas o entidades locales. El objetivo es impulsar el uso del transporte público colectivo como una alternativa sostenible, reducir la dependencia del vehículo privado y disminuir las emisiones contaminantes.
En Andalucía, la medida se implementaría a través de la Tarjeta Joven de Transporte, una iniciativa puesta en marcha por la Junta en 2022 que ya ofrece descuentos de al menos el 50% a menores de 30 años. Según el Ministerio, la gratuidad para menores de 15 años está financiada íntegramente por el Estado, con un presupuesto global de 878 millones de euros destinado a rebajar el precio del transporte público local y metropolitano en toda España durante 2025. En Almería, esta política podría beneficiar a unos 120.000 niños y niñas, facilitando el acceso gratuito a los servicios de autobús metropolitano y aliviando el gasto de miles de familias.
El origen del conflicto político
El desencuentro entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía estalló el pasado 14 de abril, cuando la consejera Rocío Díaz anunció en un foro organizado por el diario Ideal en Granada que, a partir del 1 de julio, los menores de 14 años viajarían gratis en el transporte metropolitano con la Tarjeta Joven. Durante su intervención, Díaz destacó que la Junta mantendría su compromiso de financiar el 20% de las bonificaciones generales del 40%, mientras que el Ministerio aportaría el otro 20%. Sin embargo, no hizo mención explícita de que la gratuidad para menores de 15 años está sufragada al 100% por el Gobierno central.
Este hecho desató la reacción inmediata del ministro Óscar Puente, quien, a través de la red social X, acusó a la Junta de “seguir la estela” de la Comunidad de Madrid al atribuirse una medida financiada por el Estado. Puente calificó el caso como “especialmente grave” por haberse publicado en la web oficial de la Junta, lo que, según el Ministerio, incumple el artículo 14 del Real Decreto-ley 1/2025. Este artículo obliga a las administraciones beneficiarias a informar de manera expresa que las ayudas provienen del Ministerio y a incluir su logotipo en todas las comunicaciones relacionadas.
El 15 de abril, el Ministerio dio un paso más allá al enviar una carta firmada por Miguel Álvarez Martínez, director general de Estrategias de Movilidad, a la consejera Rocío Díaz. En la misiva, se comunicó la retirada de las ayudas destinadas a la gratuidad del transporte para menores de 15 años en Andalucía, alegando una “falta de lealtad institucional” y el incumplimiento de la normativa. La decisión no afecta a otras bonificaciones, como el descuento del 50% para jóvenes o el 40% para el resto de usuarios, que seguirán cofinanciadas por ambas administraciones.
La respuesta de la Junta
La Junta de Andalucía no tardó en reaccionar, calificando la retirada de las ayudas como “desproporcionada” y anunciando que emprenderá “todo tipo de acciones, incluidas las penales”, contra el ministro Puente. Fuentes de la Consejería de Fomento insistieron en que Rocío Díaz sí mencionó la colaboración con el Ministerio durante su discurso y que el anuncio se enmarcaba en una estrategia conjunta para promover el transporte público. Además, argumentaron que la obligación de citar la financiación estatal aplica a comunicaciones oficiales y cartelería, no necesariamente a intervenciones en foros públicos.
La Junta también ha acusado al Gobierno central de politizar la medida y de castigar a los andaluces por un conflicto de atribuciones. “Polemizar con esto es solo ganas de embarrar, aún cuando se ha tratado únicamente de informar a los ciudadanos”, señaló un comunicado oficial. Por su parte, el Ejecutivo central mantiene que la omisión deliberada de la financiación estatal constituye un incumplimiento claro de la ley y que la carta enviada a la Junta es un apercibimiento formal que podría derivar en sanciones si persiste la situación.
Impacto en Almería
En Almería, la paralización de las ayudas pone en riesgo el acceso gratuito al transporte metropolitano para unos 120.000 menores, una medida que habría supuesto un alivio económico significativo para las familias y un impulso al uso del autobús en áreas urbanas y metropolitanas. La provincia, con una población joven considerable, esperaba beneficiarse de esta iniciativa para fomentar la movilidad sostenible y reducir la congestión en las carreteras.
El conflicto ha generado un debate sobre la lealtad institucional y la comunicación de las políticas públicas, con críticas cruzadas entre ambas administraciones. Mientras el Ministerio insiste en la necesidad de reconocer la financiación estatal, la Junta reclama un trato equitativo y denuncia lo que considera una reacción desmedida. Algunos analistas apuntan a que el enfrentamiento refleja tensiones políticas más amplias entre el Gobierno central, liderado por el PSOE, y la Junta, gobernada por el PP, en un contexto de creciente polarización.
Por el momento, no hay un calendario claro para resolver el conflicto. La Junta podría optar por financiar la gratuidad con fondos propios, aunque esto supondría un esfuerzo presupuestario adicional. Otra posibilidad es que ambas partes lleguen a un acuerdo que permita restablecer las ayudas, siempre que se cumplan las condiciones de comunicación exigidas por el Ministerio. Mientras tanto, las familias almerienses y andaluzas aguardan con incertidumbre el desenlace de un choque político que podría privar a miles de menores de un beneficio clave para su movilidad.
Medidas complementarias
El caso de Andalucía no es aislado. Hace semanas, el Ministerio ya advirtió a la Comunidad de Madrid por un anuncio similar sobre la gratuidad del transporte para menores, aunque en ese caso no se retiraron las ayudas. Esta disparidad de trato ha sido señalada por la Junta como un ejemplo de “arbitrariedad” por parte del Gobierno central.
A pesar de la controversia, otras bonificaciones previstas para el 1 de julio siguen adelante. Los menores de 30 años con la Tarjeta Joven podrán disfrutar de un descuento adicional del 50% sobre las tarifas ya rebajadas, mientras que el resto de usuarios de los consorcios metropolitanos, metros y bonos multiviaje interurbanos se beneficiarán de una reducción del 40%. Estas medidas, cofinanciadas por la Junta y el Ministerio, reflejan un esfuerzo conjunto por hacer el transporte público más accesible, aunque el enfrentamiento actual amenaza con empañar su implementación.
La gratuidad del transporte público para menores de 14 años en Almería y Andalucía pende de un hilo debido a un conflicto político que trasciende la mera gestión administrativa. Mientras las administraciones intercambian reproches, el futuro de una medida que podría transformar la movilidad de miles de familias permanece en el limbo, a la espera de una solución que priorice el interés de los ciudadanos sobre las disputas partidistas.
Agenda
Si (
No(