La Audiencia Provincial de Almería juzga desde este lunes al exalcalde de Albox, Francisco Torrecillas, y al exconcejal de Obras Públicas, José Simeón Campoy, por autorizar en 2016 y 2017 el pavimentado de la Rambla de Albox —un cauce seco de dominio público— para convertirlo en aparcamiento. La Fiscalía les imputa delitos de prevaricación, malversación de fondos y contra la ordenación del territorio, y reclama para ambos siete años de prisión e inhabilitación, además de una pena conjunta de 18 años sin ejercer cargos públicos. Un exinterventor municipal enfrenta 15 años de inhabilitación.
Los hechos en cuestión
Las obras, ejecutadas en dos fases (julio y septiembre de 2017), consistieron en verter hormigón sobre el lecho de la rambla, supuestamente para "obras de conservación", según la defensa. Sin embargo, la acusación sostiene que se actuó sin la autorización obligatoria de la Junta de Andalucía —al tratarse de un bien hidráulico protegido— y se emplearon contratos menores para eludir los pliegos públicos. Los gastos, que oscilaron entre 8.712 y 25.000 euros, habrían sido justificados con facturas y documentos retroactivos, según la investigación.
La Fiscalía destaca que la segunda fase superó el límite legal de los contratos menores (18.000 euros en 2017), por lo que se habría maquillado como "contrato de obra". Además, agentes de la Policía Judicial señalaron en el juicio que las fechas de las facturas no coincidían con la formalización de los contratos y que el hormigón fue extendido por personal municipal, no por la empresa suministradora.
"Obras legales y demandadas por vecinos"
Los abogados de Torrecillas —quien sigue como concejal independiente— y Campoy insisten en que las actuaciones eran "técnicamente legales" y respondían a una "necesidad vecinal" para prevenir inundaciones. Aseguran que se usaron partidas presupuestarias existentes y que no hubo enriquecimiento personal. "Es una infracción administrativa leve, no un delito", defendió Santiago Torres Prieto, letrado de Torrecillas, quien declarará el miércoles.
En un giro polémico, la defensa acusó al PSOE y al PP de usar el caso para "perseguir a independientes fuera del bipartidismo". "[Este juicio] es un mensaje de advertencia a quienes no se pliegan a los partidos tradicionales", afirmaron en sede preliminar.
Testimonios reveladores
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José Simeón Campoy (exconcejal): Reconoció haber firmado documentos "sin leerlos" y que supo de la falta de permisos cuando Torrecillas admitió en un pleno: "No los pedimos porque no nos los iban a dar". Aseguró que el exalcalde le tranquilizó afirmando que "había documentos que lo avalaban".
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Exinterventor municipal: Admitió que solo verificó la existencia de partidas presupuestarias, pero no el contenido de las obras. Reconoció que inicialmente no se aportó la factura de 25.000 euros a la investigación.
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Secretaría municipal: Emitió una "certificación negativa" por falta de expedientes, un dato clave para la acusación.
Ecologistas en Acción recordó durante el proceso que modificar cauces sin estudios incrementa el riesgo de inundaciones. Mientras, el caso ha fracturado la política local: el actual gobierno (PSOE) apoya la acción judicial, pero colectivos ciudadanos critican la "judicialización de la política". La Junta de Andalucía, por su parte, mantiene pendiente una orden para restaurar la rambla.
¿Qué sigue?
El martes declararán técnicos de la Junta y peritos ambientales. El miércoles, tras las conclusiones, el tribunal podría dar por visto el caso, aunque la sentencia no se espera antes de varias semanas. El fallo no solo decidirá responsabilidades penales, sino que marcará un precedente sobre la gestión de bienes públicos en municipios con tensiones partidistas.
Mientras, Albox —un pueblo de 12.000 habitantes— observa cómo un aparcamiento en una rambla seca se convirtió en el epicentro de un debate entre legalidad, urgencias locales y ecología.
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