La política española parece empeñada en demostrarnos que la confrontación es el estado natural de las cosas, incluso cuando se trata de servicios básicos para los ciudadanos. La última polémica, protagonizada por el Ministro de Transportes, Óscar Puente, y la Junta de Andalucía, es un ejemplo paradigmático de cómo la lealtad institucional puede ser retorcida y utilizada como pretexto para generar conflictos allí donde el gobierno central no ostenta el poder.
El núcleo de la disputa reside en la retirada de la financiación estatal destinada al transporte público gratuito para menores de catorce años en Andalucía. ¿El motivo esgrimido por el ministerio? La Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno, no habría cumplido con la obligación de mencionar explícitamente en su comunicación pública que una parte de esa ayuda provenía de fondos estatales. Ante esta "quiebra de la lealtad institucional", como la calificó el ministro Puente, la respuesta fue drástica: suspender la ayuda.
La reacción del presidente andaluz, Juanma Moreno, no se hizo esperar, calificando la decisión de "abuso de poder" y "pataleta infantil". Aunque inicialmente se resistió, al final anunció que la Junta asumiría el coste total de la medida para que los menores andaluces no se vieran perjudicados.
Analicemos la situación. Más allá de si la Junta cumplió o no escrupulosamente con el deber de informar sobre el origen de los fondos, la reacción del Ministerio de Transportes resulta desproporcionada y políticamente torpe. ¿Era realmente necesario llegar a la suspensión total de la ayuda por una supuesta omisión comunicativa o publicitaria? ¿No habría sido más sensato, más leal institucionalmente, y políticamente más inteligente, exigir explicaciones públicas al gobierno andaluz? Reclamar una rectificación, pedir que se incluyera la información omitida en futuras comunicaciones, solicitar una aclaración formal y expresa... existían múltiples vías intermedias antes de tomar una medida tan drástica que, en última instancia, podría haber perjudicado a los ciudadanos.
Se da la circunstancia de que el Gobierno de España, en concreto el mismísimo ministro, eliminó el logo de la Junta de Andalucía en una proyecto cofinanciado con la administración autonómica, en el que ésta pone 41 millones de euros... las obras del soterramiento en Almería... ¿eliminó la Junta su aportación? Pues no. Lo criticó, lo cuestionó, lo denunció, pero no retiró la pasta.
Pero la estrategia del gobierno de Pedro Sánchez, y en particular del ministro Puente, parece seguir otra lógica. Una lógica que prioriza el desgaste del adversario político por encima de la colaboración institucional o, incluso, de la propia imagen del gobierno central. Porque, ¿cuál es el resultado final de esta maniobra? La Junta de Andalucía asume el coste, erigiéndose ante la ciudadanía como la única garante del transporte gratuito para menores. El gobierno central, que cofinanciaba la medida, queda fuera de la ecuación y, peor aún, queda retratado como un actor que retira ayudas por motivos que la opinión pública puede interpretar fácilmente como una rabieta política.
Es aquí donde la estrategia del PSOE en Andalucía parece hacer aguas. Si el objetivo era debilitar al gobierno del PP de Moreno Bonilla, el efecto conseguido es, previsiblemente, el contrario. Se le ha brindado en bandeja la oportunidad de presentarse como el defensor de los intereses andaluces frente a un gobierno central percibido como hostil, dispuesto a perjudicar a las familias solo por no salir su logo en un papel (entiéndase la simplificación). Una visión más estratégica por parte del PSOE habría sido, quizás, la contraria: si la Junta omitió la información, ponerlo en evidencia públicamente, capitalizar ese supuesto "olvido" para demostrar la falta de transparencia del PP andaluz, pero sin retirar los fondos... colocando por encima de cualquier cosa el bienestar de los andaluces.
Además, no podemos olvidar un matiz crucial que a menudo se obvia en estas disputas: gran parte de estos fondos, aunque gestionados por el gobierno central, tienen su origen último en la Unión Europea. Que el gobierno se arrogue la exclusividad de su aportación es, cuanto menos, una verdad a medias. Tampoco es exacto, como a veces insinúa el PSOE, que el PP se opusiera frontalmente a los fondos europeos; su discrepancia radicaba en el mecanismo de reparto y en quién debía validar los proyectos, defendiendo una mayor autonomía para las comunidades o un ente independiente frente al control centralizado que finalmente se impuso (paradójicamente, con el apoyo externo de Vox en su momento).
La retirada de la financiación del transporte gratuito en Andalucía por parte del ministro Puente, bajo el pretexto de la falta de mención explícita, suena más a una "pataleta infantil", como dijo Moreno, que a una defensa rigurosa de la lealtad institucional. Es una jugada que, lejos de beneficiar al gobierno central o a las expectativas electorales del PSOE en Andalucía –pensando en futuras candidaturas como la de María Jesús Montero–, refuerza la imagen de un ejecutivo dispuesto a crear problemas y a utilizar los recursos públicos como herramienta de presión política contra las administraciones de distinto signo. Una estrategia que, a la larga, suele resultar contraproducente.
NOTA: Sigo sin entender que quienes dicen que la economía española va como una moto, y quienes sostienen que para moto, la andaluza, se vean en la necesidad de financiar el transporte público a la ciudadanía... si tan bien vamos, no debíamos necesitarlo ¿no?
Agenda
