Las aseguradoras que actualmente prestan servicio a los funcionarios a través de Muface han decidido mantener una posición de cautela ante el reciente anuncio del Gobierno español de una subida del 33,5% en las primas durante los próximos tres años. Este incremento, que eleva el volumen del contrato trianual en 957 millones de euros hasta alcanzar los 4.478 millones, se ha presentado como una medida para asegurar la continuidad del modelo de mutualidad sanitaria para funcionarios.
A pesar de que esta subida representa un esfuerzo significativo del Gobierno por abordar las demandas económicas de las aseguradoras – quienes durante meses han advertido sobre la "deficitaria situación" y acumulado pérdidas superiores a los 400 millones de euros en los últimos dos años – las compañías aseguradoras, principalmente Adeslas, Asisa y DKV, han expresado que no tomarán una decisión definitiva hasta que se publiquen los pliegos de condiciones de la licitación.
"Valoramos el esfuerzo que ha hecho la Administración para mejorar la financiación de Muface y buscar mecanismos que permitan garantizar la calidad asistencial, corregir los desequilibrios de la mutualidad y su sostenibilidad a medio y largo plazo", ha declarado un representante de Asisa. Sin embargo, la prudencia es la nota dominante, ya que las aseguradoras esperan evaluar minuciosamente los detalles de la propuesta antes de comprometerse a continuar con el acuerdo.
Adeslas, la aseguradora más elegida por los funcionarios, ha sido más explícita al señalar que la subida del 33,5% "está bastantes puntos porcentuales por debajo de la propuesta" inicialmente presentada al Gobierno y que, aunque estudiarán la propuesta, su posición es "que el convenio sea sostenible para, al menos, dejar de incrementar las pérdidas tan lesivas que hemos sufrido con este último convenio".
Desde DKV, han declinado hacer comentarios hasta que se conozcan los pliegos definitivos del concierto, lo que refleja la tensión y la incertidumbre que rodean a las negociaciones. La subida se ha diseñado para aplicarse de manera paulatina, con un incremento del 19,37% en 2025, del 7,25% en 2026 y del 4,32% en 2027, buscando un equilibrio entre las necesidades financieras de las aseguradoras y la sostenibilidad del sistema de salud para los mutualistas.
El Gobierno, consciente de la importancia de Muface para 1,5 millones de funcionarios y sus familias, ha tratado de transmitir un mensaje de tranquilidad, asegurando la asistencia sanitaria bajo las condiciones actuales mientras se resuelve esta situación. No obstante, la cautela de las aseguradoras mantiene en vilo el futuro de este modelo, que podría enfrentarse a un escenario de contrato desierto si las compañías deciden no participar en la licitación.
El sindicato CSIF ha pedido prudencia hasta conocer el posicionamiento de las aseguradoras y ha subrayado la necesidad de llegar a un acuerdo para "terminar con la incertidumbre y la desatención que actualmente sufren los mutualistas".
La situación actual de Muface es un reflejo de las tensiones entre la sostenibilidad económica de los modelos de salud privada y la necesidad de asegurar un servicio de calidad para los funcionarios. La decisión final de las aseguradoras podría marcar un antes y un después en cómo se gestiona la sanidad de los empleados públicos en España.
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