Mujer acaudalada intenta obtener asistencia jurídica gratuita

Una almeriense que se encuentra inmersa en un proceso legal en el que ha solicitado el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, pero su petición ha sido denegada por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que ha iniciado un procedimiento de revisión de oficio respecto a la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita en Almería, emitida el 4 de febrero de 2022 (Expediente 01202121074).

La negativa de la Consejería, consultada por Noticias de Almería, se basa en la constatación de que esta persona no cumple con los requisitos esenciales para acceder a la justicia gratuita, debido a que posee recursos económicos que superan los límites establecidos por la Ley 1/1996. De acuerdo con la información disponible, la interesada declara ingresos anuales de 38.363,23 euros, es propietaria de cinco inmuebles, así como del 50% de tres fincas residenciales y dos garajes.

La revisión de oficio, conforme a la Ley 39/2015, se enmarca en el artículo 47.1.f), que contempla la nulidad de actos administrativos adquiridos sin cumplir los requisitos esenciales. La Consejería destaca la interpretación restrictiva y excepcional que se debe aplicar a este tipo de revisión, siguiendo dictámenes anteriores del Consejo Consultivo.

La solicitud de esta mujer se fundamenta en el derecho a la asistencia jurídica gratuita, garantizado por el artículo 29 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. No obstante, la Administración sostiene que la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita en Almería es nula de pleno derecho, ya que la beneficiaria posee recursos económicos que superan los límites fijados por la ley.

En resumen, la propietaria de múltiples bienes inmuebles busca acceder a la justicia gratuita, pero la Administración ha denegado la solicitud, argumentando la capacidad económica de la solicitante y solicitando la revisión de oficio de la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita en Almería. Este caso destaca la delicada balanza entre el acceso a la justicia y la necesidad de preservar los criterios establecidos para garantizar la justicia gratuita a quienes verdaderamente lo necesitan.