A vueltas con la transparencia

Es indudable que la Transparencia en la vida pública, no solo es conveniente, sino que debe ser un elemento importantísimo en el proceso de regeneración democrática en que está inmersa la sociedad española y, muy especialmente, debieran estarlo en los Partidos Políticos, los antiguos consolidados y los nuevos, por descubrir sus verdaderas intenciones.
Ahora bien, la Transparencia hay que situarla en su justa medida para evitar confundir al personal, por irrelevante o por insuficiente. Una confusión puede estar en hacer pública la situación patrimonial de los nuevos concejales del Ayuntamiento de Almería, por parte de los representantes del PSOE.
Debe saber el lector, que para poder tomar posesión del acta correspondiente que le acredite en su condición, es imprescindible hacer declaración por escrito de los bienes de que dispongan, ante el Secretario General de la Corporación, sin cuyo requisito no habría podido tomar posesión de su escaño. Cualquier modificación que se produjese en ese patrimonio a lo largo de la Corporación, tiene que ser declarado ante el mismo representante público.
Siendo esto así, ¿qué se persigue con la información al público? Está claro que, para el concejal que se incorpora por primera vez al Ayuntamiento, para nada es relevante dar a conocer su patrimonio, más allá de la curiosidad, en muchas ocasiones, morbosa. Si es alto, puede ser debido a herencia, rentas del trabajo anterior, el que lo tuviera, o un premio de la lotería, sin embargo, ese patrimonio, alto o bajo, no garantiza el nivel futuro de su trabajo al servicio del ciudadano, que es lo realmente importante. Por tanto, sería interesante conocer la verdadera intencionalidad del PSOE.
Más relevancia tiene la información aportada por el Gobierno de la Junta de Andalucía en su Portal de Transparencia, tras el larguísimo recorrido de la Ley de Transparencia, que recientemente ha entrado en vigor. Esa información nos ha permitido conocer los sueldos de nuestros políticos, el personal eventual contratado y lo que nos cuesta, el número de altos cargos o las correspondientes compensaciones económicas para aquellos que, por su trabajo, residen fuera de su residencia habitual. Ahora bien, en esa información facilitada se echan en falta multitud de datos importantes, con lo cual esa pretendida verdad se convierte claramente en una mentira.
Sigue habiendo un importante desconocimiento sobre la administración paralela de la Junta, claramente instrumental de su Gobierno. No se sabe en profundidad las funciones, objetivos, cometidos, personal al servicio, etc del casi el centenar de Empresas públicas, Fundaciones, Agencias existentes, formas de acceso del personal, generalmente muy bien retribuido, en ocasiones, por encima de lo que cobra la propia Presidenta o sus Consejeros. Todo ello tiene un costo adicional en los Presupuestos de la Junta por encima de los 3000 millones de Euros anuales. Cabe recordar aquí, que la Presidenta prometió en la sesión de investidura ¡allá por 2012! realizar una auditoria exhaustiva de todos estos organismos por parte de un grupo de expertos independientes, para decidir sobre el futuro de esos entes, en clave de interés público, para su mantenimiento. De este compromiso nada se ha sabido desde entonces.
Transparencia sí, por supuesto, pero con toda la verdad.