Pedro de Tena Alfonso | Sábado 09 de enero de 2016
Si se dice ERE, en Andalucía y más allá de sus límites habrá quien vincule la palabra a uno de los casos más mediáticos de la historia judicial española reciente. Su instrucción cumple en este mes, el día 19, un lustro. Cinco años en los que ha cambiado de manos en varias ocasiones.
De hecho, el proceso ha pasado desde el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y al Tribunal Supremo (TS), para volver al punto de partida. Y en éste, la jueza que inició el sumario, Mercedes Alaya, fue sustituida debido a su traslado a la Audiencia Provincial, a petición propia, por María Núñez Bolaños, quien, en contra del criterio de la primera, ha troceado la «macrocausa» en tres piezas primero y en seis después, de momento.
Las mismas que ha entregado a Álvaro Martín, juez de refuerzo en el órgano instructor desde septiembre de 2012, en el que se ocupaba de sacar adelante los asuntos ordinarios ajenos a las «macrocausas». Esta decisión de Núñez ya ha sido santiguada por instancias superiores como el TSJA, no así el plan de despiece de la actual titular del juzgado, recurrido a la Audiencia por la Fiscalía Anticorrupción y por otras partes personadas en el proceso.
Aún no está claro el perjuicio económico que el presunto fraude ha causado a la Administración andaluza, y el número de imputados se cuenta por centenares –Bolaños encausó recientemente a más de 200 de una tacada por ayudas a empresas de la Faja Pirítica de Huelva, aunque algunos ya lo estaban–.
Entre ellos se cuentan ex altos cargos de la Junta, incluidos los ex presidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y varios ex consejeros de sus gobiernos. De hecho, sólo en la «rama política» hay 52 imputados.
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