El parlamentario del PP de Almería Amós García ha denunciado en la Comisión Parlamentaria de Empleo, Empresa y Comercio, que el “amigo imputado de Susana Díaz” sigue al frente del Consorcio Fernando de los Ríos gracias a una argucia legal basada en la no aprobación definitiva de sus estatutos entre otras.
García comenzó recordando que hacía justo un año se personó en la sede del Consorcio tras haber remitido 20 días antes, un escrito con 20 preguntas al gerente del mismo, y cuando llegó éste no estaba, y que a día de hoy, las preguntas siguen sin respuesta.
Según los estatutos del Consorcio “no procede” el nombramiento de su actual gerente, que está imputado en el caso Almensilla por hechos sucedidos durante su etapa de concejal socialista. Se da la circunstancia de que las condiciones para su nombramiento son distintas a las del resto de Consorcios de la Junta de Andalucía.
Amós García recuerda que la Cámara de Cuentas detectó numerosas irregularidades pero “no ha habido ninguna respuesta, explicación o medida correctora
Mientras el consejero Javier Carnero Sierra aseguraba que los estatutos estaban aprobados desde 2015 por el Consejo Rector, lo cierto es que la Diputación de Almería anunció su impugnación. Esto supuso la emisión de un informe del interventor del Consorcio, en el que se detallaba que para la aprobación definitiva era imprescindible que lo aprobaran cada uno de los entes consorciados (básicamente las diputaciones andaluzas), que es algo que no se produciría al haber anunciado Almería que los recurriría. De este modo, el Consorcio no ha dado ese paso porque sabe que el voto en contra de la Diputación de Almería impediría la aprobación definitiva, por lo que en realidad no están aprobados.
Sobre este Consorcio la Cámara de Cuentas realizó un duro informe en el que ponía en evidencia numerosas irregularidades de todo tipo “sin que haya habido ninguna medida correctora ni de mejora”. Amós García señaló que la Cámara de Cuentas realizó un informe de fiscalización del consorcio en que detectó numerosas irregularidades técnicas, jurídicas y económicas pero “no ha habido ninguna respuesta, ninguna explicación ni ninguna medida correctora”. Explicó que la Cámara de Cuentas señala que “ni el consorcio ni la Consejería pueden acreditar una gestión coherente, que no ha habido control del dinero público, que no consta evaluación ni seguimiento interno, que existe un procedimiento inadecuado por parte de Junta en la concesión y justificación de las subvenciones con el riesgo de una incorrecta liquidación y la posibilidad de pérdida de fondos, que hay incoherencia jurídica, incumplimiento de la ley de presupuestos de la comunidad, justificaciones inadecuadas que no reflejan la realidad, demoras en resolución de subvenciones y una larga lista de irregularidades”.