A un inmigrante le cuestan 1.500 euros sus insólitas respuestas para obtener la nacionalidad

Tras dos décadas en Almería, afirma que España limita con un país llamado Democracia, Andalucía es periódico, y el Rey Juan Carlos un mar



Para obtener la nacionalidad española, un inmigrante debe demostrar su integración social, y para eso se considera imprescindible tener un manejo del idioma castellano a un nivel razonable, así como conocer algunos elementos mínimos de nuestro sistema político, de las instituciones, o del modo de vida y las costumbres, lo que se hace mediante un cuestionario.

En ocasiones las respuestas de los inmigrantes dejan en evidencia un desconocimiento bastante acusado de esa realidad española, lo que supone el rechazo a su solicitud, pero en el caso que ha conocido Noticias de Almería, las respuestas se pueden considerar de insólitas, sobre todo si quien las da es una persona que llegó aquí en 1999, y que al menos la mitad de ellos ha trabajado legalmente.

La Juez Encargada del Registro Civil de Almería con fecha de 10 de mayo de 2013, pregunta al interesado si pertenece a alguna asociación cultural, recreativa, deportiva en España contesta que no entiende la pregunta y que "España es igual que Marruecos"; a la pregunta de con qué países limita España responde "Democracia" y a la de cuáles son los mares y el océano que bañan las costas españolas contesta que "El rey es Juan Carlos y Sofía es la mujer del rey y su hijo Felipe".

Más adelante, a la pregunta de qué significan para usted los principios de igualdad y libertad responde que "no sabe"; y cuando le interrogan sobre si en España existe el divorcio contesta que "si" y preguntado sobre qué es el divorcio contesta "Felipe": no sabe a qué edad se puede votar en España y preguntado por el nombre de tres periódicos españoles responde que: "Andalucía, País Vasco y Cataluña"; preguntado, por último, si España es un país aconfesional o existe alguna religión oficial contesta que "Oficial".

El Juez encargado concluye que "de la conversación mantenida con el compareciente se desprende que no entiende y habla con poca fluidez el español", por lo que desestima su pretensión.

A pesar de estas contestaciones, la representación legal del inmigrante presentó un recurso en la Audiencia Nacional, que no solo dio la razón a la juez que le negó la nacionalidad, sino que además le ha condenado a pagar 1.500 euros en concepto de costas.