La delegada del Gobierno de la Junta, Gracia Fernández, ha participado en la audiencia pública de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, moderada por la europarlamentaria andaluza, Soledad Cabezón, y dedicada a los derechos de las personas con discapacidad. Su intervención se ha centrado en la labor que realiza la Fundación Almeriense de Tutela en la protección y defensa de las personas adultas en situación de incapacidad legal que no cuentan con redes sociales o familiares de apoyo.
Fernández ha planteado la necesidad de adaptar las legislaciones de los estados miembros de la Unión Europea a la Convención de Derechos de las personas con discapacidad en relación con el derecho al sufragio. También ha defendido la creación de una red europea de entidades e instituciones que desarrollan su actividad con personas con discapacidad y el establecimiento de un observatorio europeo de buenas prácticas de las instituciones que ejercen las diferentes modalidades de tutela. “Es importante conocer el número de personas incapacitadas por sentencia judicial, su situación y sus necesidades y compartir esta información para determinar estrategias de atención y actuación coordinadas y comunes en Europa”, ha explicado la delegada del Gobierno de la Junta.
En su exposición, Gracia Fernández ha destacado que la Fundación Almeriense de Tutela “lleva a cabo una gran labor social, ejerciendo la tutela y la defensa de los derechos de más de un centenar de personas adultas que no disponen de una red familiar y que necesitan diferentes niveles de apoyo”.
En su más de diez años de historia, la Fundación ha amparado a través de distintas figuras a cerca de 400 personas, velando siempre por sus intereses y su bienestar y garantizando su protección. La delegada del Gobierno ha señalado que “la tutela de personas adultas es un fenómeno creciente, debido a factores como el envejecimiento progresivo de la población o los cambios en los modelos de familia, que hacen que cada vez se produzcan más casos de personas afectadas por trastornos como las demencias o que muchas personas con discapacidad intelectual alcancen la madurez sin contar con el apoyo de una red familiar”.
La Fundación Almeriense de Tutela es una entidad con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro cuyo objetivo básico es la protección y defensa de las personas adultas presumiblemente incapaces o incapacitadas total o parcialmente por resolución judicial y que se encuentren en abandono por falta de familiares que cuiden de ellos. La Fundación trabaja para la mejora de la cobertura de las necesidades personales y sociales básicas de los ciudadanos que tiene a su cargo, así como para la promoción de su bienestar social, desarrollo e integración y la protección de sus derechos.
Esta fundación, que fue promovida en su día desde la antigua Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Almería y formalmente creada en el año 2007, surgió para dar respuesta a la previsión contenida en la Ley 1/1999 de atención a las personas con discapacidad en Andalucía en relación a la creación de entidades tutelares de ámbito territorial para la atención de las personas presumiblemente incapaces o incapacitadas total o parcialmente.
Además de la propia Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, a través de su Delegación Territorial en Almería, son miembros de la misma: la Diputación Provincial de Almería, la Asociación Almeriense de Atención a la Dependencia, la Residencia San Rafael, la empresa Servicios Geriátricos de Almería (GERIAL), la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down (ASALSIDO) y la Fundación Almeriense de personas con Discapacidad.
La Fundación Almeriense de Tutela, cuyo ámbito de actuación es la provincia de Almería, ampara actualmente a 169 personas a través del ejercicio de diferentes figuras de protección como por ejemplo la tutela, la curatela, la administración judicial de bienes y la defensa judicial. En la actualidad, la Fundación ejerce 111 tutelas, 12 curatelas y 26 defensas judiciales; además de gestionar otros 20 expedientes que se encuentran en proceso de tramitación.