La Junta contrató de modo ilegal atención a la dependencia en Almería

Se detalla en el informe que “es un hecho incontrovertido en el expediente administrativo que la prestación de tales actuaciones no tuvieron cobertura contractual formalizada”






La Junta de Andalucía, por medio de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, contrató de modo ilegal a una empresa para la gestión del servicio de atención a personas mayores en situación de dependencia en centros de día de Almería, según un informe consultado por Noticias de Almería.

Así, en el informe emitido, el 16 de marzo de 2018, por la Jefa de Centros y Servicios se reconoce que “desde el 1 de agosto de 2017 hasta el 31 de enero de 2018 (día anterior a la fecha de la firma del concierto)” la empresa en cuestión “ llevó a cabo la prestación del servicio de centro de día para personas mayores” bajo el argumento de que había “personas que contaban a la fecha con el reconocimiento de la situación de dependencia mediante resolución de Programa Individual de Atención, en el que se establece como mejor recurso asignado el de Centro de Día y en el que consta como municipio a petición de los interesados, Almería”.

Por otro lado, el Consejo Consultivo también detalla que “ es un hecho incontrovertido en el expediente administrativo que la prestación de tales actuaciones no tuvieron cobertura contractual formalizada” y es que “nos encontramos ante una contratación verbal, prohibida por la normativa de contratación, salvo que hubiese procedido la contratación de emergencia, como ese mismo precepto señala, que claramente no operaba en el presente caso”.

Por esta razón, el contrato será anulado, pero la empresa no será indemnizada y “Tampoco procede el abono de los intereses legales en concepto de indemnización pues ésta solo opera cuando la contratista haya sufrido daños y perjuicios derivados de la actuación de la Administración, lo que no ocurre en el presente caso, ya que va a percibir la cuantía prevista por los servicios prestados.”

Es decir, que en realidad, aunque se tratase de una contratación que vulnera la ley, no pasa absolutamente nada.