Provincia

La Cámara de Cuentas advierte al Ayuntamiento de Dalías que es una infracción muy grave no presentar sus cuentas

Martes 26 de febrero de 2019
Le ha requerido varias veces la información del año 2017 pero no ha sido remitida desde el Consistorio

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La Cámara de Cuentas de Andalucía ha requerido el Ayuntamiento de Dalías que preside el socialista Francisco Giménez, la presentación de las cuentas de 2017 que debieron comunicarse antes del 1 de noviembre y amenaza con sanciones y retener las aportaciones del Estado.

En un comunicado de fecha 28 de Enero la Cámara de Cuentas de Andalucía recordaba al Ayuntamiento de Dalías que aún no ha rendido las cuentas correspondientes al año 2017 a pesar de que tenía que haber sido aprobadas en pleno antes del 1 de octubre y remitidas a este organismo antes del 1 de noviembre de 2018, compartiendo la información con el Tribunal de Cuentas, organismo que por tanto tampoco tiene constancia aún de la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento daliense.

En su notificación, la Cámara de Cuentas urge a este ayuntamiento para que “a la mayor brevedad” proceda a dar cumplimiento a la obligación legal de rendir cuentas a través de la Plataforma para la Rendición de Cuentas, de uso obligatorio para este fin, y advierte al gobierno municipal de que mensualmente se remite información al Ministerio de Hacienda el listado de municipios que incumplen con esta obligación, “para que puedan tomarse las medidas oportunas en lo que se refiere a las retenciones que pudieran acordarse”, lo que supondría que el Ayuntamiento no recibiría las transferencias corrientes que recibe del Estado para garantizar los pagos municipales.

Pero las consecuencias pueden no quedar en la mera retención de las transferencias, sino que la propia comunicación de la Cámara de Cuentas advierte al Alcalde de Dalías advierte que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y el Buen Gobierno, el incumplimiento de la rendición de las cuentas municipales supone una infracción muy grave en materia de gestión económico-presupuestaria previendo la correspondiente sanción al efecto.

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