Por los presuntos delitos de fraude eléctrico y usurpación de estado civil
El juzgado de Instrucción nº3 de Almería en auto judicial del 14 de febrero de 2019 ha admitido una denuncia para investigar dos presuntos delitos del diputado provincial de Ciudadanos Roberto Baca, quien también es concejal en el Ayuntamiento de Roquetas.
Dicho auto, da comienzo a las diligencias previas bajo la numeración 223/2019 incoando al Ministerio Fiscal y ordenándose un oficio al puesto de la Guardia Civil de Vícar, para practicar cuantas investigaciones estimen oportunas para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
La denuncia, a la que ha tenido acceso Noticias de Almería, la formula la empresa Parkin La Fabriquilla 2004 SL, que según se apunta, había alquilado un local a la mercantil del diputado, Servis Orbis SL
De la documentación examinada, se desprende que el 7 de noviembre de 2017, el Diputado Provincial y Concejal de Roquetas de Mar por Cs, Roberto Baca, formuló contrato de arrendamiento sobre un local ubicado en Vícar, destinado a bar-cafetería, conocido como “Macro-Bocata”.
Se da la circunstancia de que el pasado 21 de junio de 2018 se produjo un incendio de los contadores de suministro eléctrico que acomete el precitado local, dejando inutilizados dichos contadores; teniendo que actuar las fuerzas de seguridad del Consorcio de Bomberos del Poniente y la Policía Local del municipio vicario.
Según los denunciantes, tras dicho incendio, la actividad de este local ha continuado sin contador-registrador que midiera el consumo del precitado local, "situación de la que era conocedor el Sr. Baca como administrador de la mercantil arrendataria, con el consiguiente beneficio para el mismo y la empresa que representa" según se recoge en la denuncia judicializada.
La situación del consumo presuntamente fraudulento, fue detectada tras una inspección por parte de la empresa suministradora del servicio eléctrico, Endesa; emitiendo parte de inspección con reportaje fotográfico, lo que ha conllevado que dicha empresa abastecedora, le esté reclamando al propietarito del local y denunciante la cantidad de 16.207,45 Euros.
El contrato de arrendamiento, establece la expresa responsabilidad del consumo eléctrico por parte de la arrendataria, Roberto Baca, como administrado único de Servis Orbis SL.
Dentro del procedimiento y documentación judicial consultada, se sigue paralelamente la investigación por un supuesto delito de usurpación de estado civil. Esto habría ocurrido, según puede leerse, porque sin autorización expresa por parte del propietario del local y titular del suministro eléctrico, le ha sido suplantada su persona ante la compañía eléctrica Endesa, para realizar gestiones varias modificativas del contrato.
Todos estos hechos se encuentran judicializados a la espera de que el juzgado reciba el oficio de investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil para tipificar el grado de actuación ante la posible existencia de una infracción penal, tipificado en el art. 255 del Código Penal que castiga la defraudación eléctrica con la pena de tres a doce meses y en el art. 401 del Código Penal, que sanciona la usurpación de estado civil con la pena de seis meses a tres años.