Las cifras recogidas en la Memoria Anual de Actividades y Funcionamientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2018 presentada hoy, indica que la jurisdicción civil ingresó un 10 por ciento más de asuntos y continúa la tendencia al alza desde el incremento del 4 por ciento del pasado año, que obedece, sin duda, a la litigiosidad derivada de las reclamaciones en materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.
La delicada situación generada en esta materia deriva de una escalada de asuntos civiles e innumerables reclamaciones a las entidades de crédito por parte de los consumidores, lo que afecta sensiblemente al funcionamiento de nuestros Juzgados y Tribunales, máxime cuando nuestro territorio asume más del 22% del registro a nivel nacional.
La estadística ha crecido desorbitadamente en Andalucía. Contamos con un registro de 45.948 procedimientos durante 2018, con la siguiente distribución por provincias: Almería (3.003), Cádiz (6.808), Córdoba (4.681), Granada (4.722), Huelva (4.127), Jaén (4.835), Málaga (7.333) y Sevilla (10.439).
Si ya había sido muy elocuente el volumen de entrada de asuntos desde el 1 de junio al 31 de diciembre de 2017 (36.046 procedimientos ingresados en los denominados Juzgados bis), ha continuado la progresión de entrada de asuntos de forma llamativa, de modo que, a fecha 31 de marzo de 2019, hemos llegado en Andalucía a una cifra total de 87.345 procedimientos.
A partir de enero de 2019, se ha ampliado el refuerzo y número de jueces en todas las estructuras organizativas especializadas. La Sala de Gobierno, además, ha elaborado planes de actuación y coordinación de señalamientos, con la finalidad de aumentar la eficiencia en estos Juzgados especializados.
Se estima necesario que exista una coordinación entre las agendas de los diversos jueces que sirven en una misma estructura organizativa especializada. También es necesario que la Consejería de Justicia adopte las medidas necesarias para que pueda materializarse debidamente la integración de las estructuras judiciales.
Y, por supuesto, hay que evitar a toda costa que el esfuerzo de la Administración de justicia en esta materia pueda llevarnos en algún momento a hablar de despilfarro, máxime cuando contamos ya, con carácter general, con jurisprudencia española y europea que debe impulsar a una solución consensuada en mucha mayor medida. Así, se siguen observando con preocupación determinadas prácticas procesales que aumentan el número de pleitos y evitan soluciones consensuadas.