Opinión

Enganches ilegales

Margarita Cobos | Domingo 28 de julio de 2019





El floreciente negocio del cultivo indoor de marihuana que prolifera en los últimos tiempos en provincias como Almería o Granada es un delito que está generando graves y continuados perjuicios derivados de los enganches ilegales que saturan la red eléctrica, necesarios para que la plantación cumpla su ciclo vital.

Estamos ante una actividad ilegal que genera tantos beneficios a quien la practica como perjuicios a los demás, y no me refiero a quien la consume que, a fin de cuentas, lo hace voluntariamente. Hablo de los daños colaterales que genera esta lucrativa actividad a la empresa suministradora, que ve saboteada permanentemente la red de fluido eléctrico; a las instituciones, que deben hacer frente a una situación novedosa y compleja; o a la propia Policía, en jaque permanente ante los narcos... Pero a quien más daño está causando sin lugar a dudas es a los propios vecinos, que no están recibiendo un servicio por el que sí están pagando debido a los continuos cortes en el suministro, con el consiguiente perjuicio que ello genera y que se agrava entre las personas enfermas o autónomos que residen o trabajan en los barrios afectados.

Ante estas circunstancias es fundamental centrar el debate en la búsqueda de soluciones y no en la búsqueda de culpables, porque estos ya sabemos quiénes son y es la Policía la que se tiene que encargar de ellos, algo que ya está haciendo como demuestran las más de 150.000 plantas de cannabis decomisadas en la provincia en los últimos años. Por eso, tenemos que felicitar el anuncio del consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, de poner en marcha una mesa contra el fraude eléctrico, tal y como había solicitado el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, para abordar los cortes de suministro en determinados barrios de la capital como El Puche, Pescadería-La Chanca, Piedras Redondas o El Quemadero.

Como ha dicho el consejero, el compromiso institucional entre la Administración General del Estado, la Junta, las entidades locales y las compañías eléctricas es imprescindible para dar solución a esta situación. Desde el Ayuntamiento de Almería ya le adelantamos que la colaboración municipal es pública y firme para resolver un problema que requiere de mucho consenso y máxima discreción.

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