El presidente de la Diputacion de Almería, Javier A. García (PP) ha renunciado a la indemnización que le correspondía por cesar en el cargo de diputado en el Congreso que tuvo en la pasada legislatura.
García, siendo presidente de la institución, encabezó la candidatura del PP en las elecciones generales y logró un escaño, y tal como recoge la ley, los cargos son compatibles, pero no los sueldos, por lo que renunció a cobrar de la Cámara Baja y mantuvo el sueldo de la institución provincial.
Pese a ello, el reglamento establece que tenía derecho a una indemnización por el cese de esa actividad, pero ha renunciado a ella.
En total van a ser 179 diputados cobrarán lo que dispone la ley, mientras que 30 han renunciado a hacerlo, menos del 15%. Entre los que no van a cobrar de modo voluntario están el presidente, los ministros y secretarios de Estado con asiento en el Congreso, así como tres diputados del PSOE, entre ellas la exministra Beatriz Corredor; otros tres de Unidas Podemos, incluyendo a su secretario de Organización, Alberto Rodríguez; uno de Ciudadanos; dos del PP; y otros dos de Vox (el teniente general retirado Manuel Mestre y el abogado Pedro Hernández Fernández).
Quienes no cobrarán por imperativo legal son los cuatro diputados catalanes presos como consecuencia del "procés".
Los diputados que no repitan en el escaño en la nueva legislatura pero tampoco tengan un sueldo público, podrán cobrar un subsidio si han estado al menos dos años en el Congreso, y será lo equivalente a una nómina, fijada actualmente en 2.981,86 euros, por cada año de mandato y con un máximo de 24 meses. Esta prestación no se abonará de golpe, sino mes a mes para dar tiempo a ajustes y poder cesar el abono si hay un cambio en la situación laboral del exparlamentario.