Miércoles 11 de diciembre de 2019
La primera sesión del juicio que ha comenzado este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería por presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra del Mesón Gitano, ha servido para confirmar las vinculaciones del exjefe de Servicio del Área de Servicios Urbanos y actual jefe de Servicio en el Área de Promoción de la Ciudad, J.M.S., en cuyo proceso participó activamente.
Así, ha llegado a afirmar que no tenía ningún interés en que la empresa Facto se hiciese con el proyecto, a pesar de que su hija trabaja como auxiliar administrativo en la empresa y, junto con su madre, contaba con participaciones en la sociedad Mirlo Inversiones Levantinas, que a su vez participaba en la adjudicataria.
El funcionario, que se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de prisión y otros 17 de inhabilitación, ha dicho en su descargo que tenía separación de bienes con su esposa ya fallecida, y que fue ella quien decidió comprar las acciones de Mirlo que luego en parte cedió a su hija, también que su mujer llegó a ser administradora de una sociedad que no llegó a tener actividad laboral.
El acusado ha dicho igualmente que intentaron vender la sociedad a Facto, pero no llegó a producirse.
Se da la circunstancia de que otro investigado, D.L.A., para quien el fiscal pide pena de 39 meses de prisión y 15 años de inhabilitación, también tenía a su hermano trabajando en la empresa pero asegura que la abandonó unos meses antes de producirse la licitación.
A pesar de estas vinculaciones familiares, los funcionarios han asegurado que no vieron motivo para apartarse del proceso en el que se prepararon los pliegos para la licitación, y luego se hizo la puntación que finalmente determinaría quién se quedaba con la obra. Señalan que las decisiones eran colegiadas y por consenso, pero se les acusa de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas en el concurso para adjudicar las obras del Mesón Gitano por 5,4 millones de euros financiados con fondos europeos.
Hay que recordar que todas estas relaciones salieron a raíz de una denuncia mucho más superficial, y que fue que dos empresas, Facto y Salcoa, presentaron dos proyectos iguales, ambos con la máxima puntuación, pero con diferente valoración económica, por lo que se decantó la decisión hacia el precio más bajo, que era el de la primera. De todas formas, J.M.S. he negado que su decisión fuese vinculante.
Esa extraña casualidad fue llevada por el Ayuntamiento a distintos órganos relacionados con los contratos públicos y con la competencia, pero no vieron mayor problema siempre que la adjudicación fuese a la más barata. Pero fue a partir de ahí donde se inició la investigación judicial al llevarlo a los tribunales la extinta UPYD, que se ha mantenido como acusación particular.
De todas formas, los dos acusados que han declarado en este primer día no han respondido ni esta acusación y a la del Colegio de Arquitectos, y habrá que ver qué hacen los otros tres que tienen cita el jueves.
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