Presos políticos o viceversa

Soy de quienes tiene claro que los encarcelados como consecuencia del “proces” son políticos presos, porque ni se juzgaron sus ideas ni se les condenó por ellas, pero sí por la comisión de delitos para llevarlas a cabo, y es que estos delitos podrían haber sido ejecutados también con ideas radicalmente opuestas. O incluso defender esas ideas sin cometer delitos, como venían haciendo.

Ahora bien, sorprende que quienes con mayor energía recalcan que Junqueras y compañía son políticos presos, o lo que es lo mismo, presos comunes, que son los únicos que legítimamente puede haber en un sistema democrático, a renglón seguido pidan que recaigan sobre ellos decisiones judiciales diferentes a las que se producirían con el resto de la población carcelaria.

Hay quienes reclaman que no se les otorguen los beneficios penitenciarios a los que tienen, o tendrán en el futuro, derecho… y es obvio que eso es tanto como reconocer que no son unos presos más, que no son presos comunes.

Lo mismo cabe decir con el prófugo Puigdemont y su colega Comins, viviendo la vida padre mientras sus compañeros tuvieron los arrestos suficientes para asumir ante la Justicia sus actos.

Pero también lo de Puigdemont flaquea en el mismo momento en que, como sucedió con Junqueras, se vulneró de un modo flagrante la lógica procesal española y europea sobre la condición de diputado, parlamentario o eurodiputado.

Si en España se adquiere la condición de diputado desde el mismo momento de la elección, y en la UE también, cabe preguntarse de dónde viene la sorpresa por la decisión del Tribunal de Justicia Europeo (Europeo, no europea, porque lo europeo no es la Justicia sino el Tribunal), que se ha limitado a decir una obviedad, que los eurodiputados están aforados desde el instante mismo en que son electos, y por tanto los tribunales españoles actuaron mal al no pedir suplicatorios ni permitir la recogida de credenciales. Todo esto era tan fácil como recordar qué pasó con Ruiz Mateos, que tras su elección como europarlamentario estando perseguido por la Justicia, se presentó ante el juzgado y fue puesto en libertad por estar aforado sin tener aún su acta en las manos.

La pregunta está clara, si eso es así, y lo sabían los tribunales españoles ¿por qué actuaron como lo hicieron? ¿tal vez influyó la motivación ideológica de sus delitos, por encima de los propios delitos?

Todo esto se hubiese podido evitar –o se podría evitar en el futuro- impidiendo por ley que un prófugo por cualquier delito pueda ser candidato a cargo público, y que encausado sobre el que puede recaer inhabilitación no pueda serlo tampoco, porque así también se evitaría que una persona pueda ser elegida y luego tenga que abandonar su puesto por sentencia judicial.

Insisto, no creo que sean presos políticos, porque no están en prisión ni perseguidos por defender la independencia, ni por promoverla, ni por impulsarla… eso lo siguen haciendo a diario muchos de sus correligionarios sin ningún tipo de problema.

Pero cada vez que alguien pide para estos presos, o para los prófugos, un trato diferente al que tiene cualquier otro presidiario, en realidad está reconociendo que no son presos comunes.