Emilio Lucas es el abogado que representa los intereses del Ayuntamiento de El Ejido en el juicio de la Operación Poniente, que sienta a más de cuarenta personas en el banquillo, entre las que destacan el exalcalde Juan Enciso (PAL) y su exinterventor, José Antonio Alemán Bracho, a quien no duda en señalar como cabezas de toda la compleja trama.
Lucas señala que la primera denuncia de la Fiscalía Anticorrupción hace una imagen bastante aproximada de lo que en el transcurso de la investigación se ha ido confirmando. La investigación se inicia en Almería porque es ahí donde tiene la sede la empresa Sistemas de Dirección, que es de Alemán, y mediante la que éste presuntamente cobra comisiones ilegales de todas las adjudicaciones que hace el Consistorio, desde la recogida de basuras, hasta recaudación, o los subcontratistas de la empresa mixta Elsur, a la que también está vinculada Abengoa. Alemán era, por su cargo, quien podía dar el visto bueno o bloquear estas adjudicaciones, hasta el punto de que según consta en la investigación, a Hermanos Lirola (recogida de residuos) les cobraba 60.000 euros al mes por supuestos informes verbales.
Elsur es otra parte fundamental en esta historia, ya que, recuerda el abogado, es a la que facturan una serie de empresas ciertos trabajos, que lo hacen con precios inflados, y en ocasiones por actividades que no podía subcontratar. El Ayuntamiento pagaba cada vez un canon mayor a Elsur, presidida por el alcalde, para que a su vez, ésta pudiera desviar ese dinero hasta los empresarios de la trama.
Pero la participación del exalcalde no se quedaba ahí, ya que como Lucas pone de manifiesto es clave “su poder de decisión”, también se detectaron contratos irregulares del Ayuntamiento con sus familiares, y se localizó una mercantil de la que él formaba parte y estaba vinculada a otras con esos empresarios. Para todos ellos, desde el exalcalde hasta esos compañeros de banquillo, incluida la propia sede del PAL, contó con obras que habría realizado Elsur de modo gratuito, y por tanto fraudulento.
El abogado no cree que tras ser sobreseída la causa contra cinco funcionarios por haber prescrito los delitos de los que se les acusaba, esto vuelva a repetirse, mientras que Espinosa deja claro que “prescripción no es absolución” y aclara que solo significa que no puede entrar a enjuiciarse, pero que no es de recibo que por la tarde un empleado público trabaje de modo privado sobre un proyecto al que por la mañana, en el Ayuntamiento, debe darle el visto bueno.