Almería

El Gobierno andaluz defiende el decreto de escolarización

Jueves 20 de febrero de 2020



COMUNICADO SOBRE LA CONVOCATORIA DE MOVILIZACIONES POR EL DECRETO DE ESCOLARIZACIÓN

El Decreto de Escolarización es un decreto para las familias. Ahonda en la libre elección del proyecto educativo que mejor consideren, como así consagra la Constitución, y en ningún caso se puede plantear como un debate, siempre interesado, entre educación pública y concertada.

El nuevo Decreto de Escolarización no sólo considera las observaciones de carácter general del dictamen del Consejo Escolar de Andalucía, acerca de los principios de libertad de elección, demanda social y pluralidad educativa, que claramente son el espíritu del decreto, sino que recoge hasta 28 observaciones de las 55 contenidas en ese dictamen.
(http://vscripts.ced.junta-andalucia.es/w_cea/pdfs/Dict/Inf19_04.pdf).

El Consejo Escolar de Andalucía lo conforman 73 representantes de todos los sectores de la educación en Andalucía, representantes del profesorado nombrados a propuesta de las organizaciones y asociaciones sindicales del sector, representantes de las madres o padres del alumnado nombrados a propuesta de las confederaciones o federaciones de padres y madres del alumnado, representantes del alumnado nombrados a propuesta de las confederaciones o federaciones del alumnado, representes del Consejo de la Juventud de Andalucía, del Personal de Administración y Servicios de la Administración educativa nombrados a propuesta de sus centrales y asociaciones sindicales, representantes de titulares de Centros privados sostenidos con fondos públicos, representantes sindicales, organizaciones patronales, Universidades, Diputaciones, directoras o directores de centros educativos, personalidades de reconocido prestigio en la enseñanza y representante del Instituto Andaluz de la Mujer.

La Consejería ha mantenido alrededor de 350 reuniones con la comunidad educativa en un año. Más de 30 personas de todos los centros directivos de la Consejería, el consejo de dirección en pleno, han visitado centros educativos y mantenido encuentros de trabajo con todos los sectores de la educación andaluza.

Previamente a su aprobación el pasado lunes en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, como es preceptivo, el texto del Decreto ha estado en trámite de audiencia pública, desde septiembre (https://juntadeandalucia.es/servicios/normas-elaboracion/detalle/179835.html). Hoy ha sido publicado en el BOJA y entra en aplicación (https://juntadeandalucia.es/boja/2020/34/BOJA20-034-00029-2534-01_00169991.pdf). Todas las familias pueden analizarlo y valorarlo en su justa medida.

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Este Gobierno de Andalucía es un firme defensor de la educación pública, y también de la libertad de las familias a elegir el proyecto educativo que mejor consideran para sus hijos. Así, la Consejería de Educación y Deporte dispone del mayor presupuesto de la historia de la Junta de Andalucía y la mayor plantilla docente, con un aumento, en un año, de 456 millones de euros para la educación pública respecto al último de la anterior Administración socialista, además de ofertar más de 10.000 plazas públicas docentes. Un hecho irrefutable frente a los mensajes apocalípticos y falaces.

El Decreto de Escolarización no supone ninguna revolución, sólo viene a establecer determinados ajustes en el procedimiento de admisión, a mejorar garantías, a reforzar el equilibrio, la estabilidad, el orden y la transparencia a la hora de adjudicar vacantes, y a ampliar el número de familias que puedan elegir el tipo de centro.

En el caso de los baremos, cuando la demanda sea superior a la oferta en los centros sostenidos con fondos públicos, el nuevo decreto incluye novedades como el aumento de la puntuación a las familias con menos renta, ponderando por primera vez el patrimonio, como ocurre también con las becas. También se amplía el número de tramos de renta, para que sean más progresivos. Aumenta la puntuación por hermano escolarizado en el centro y barema por primera vez la matriculación en el primer ciclo de infantil 0-3, para favorecer con ello la escolarización temprana. Establece un criterio de prioridad para los hijos de los trabajadores de los centros docentes, los deportistas de rendimiento base, los niños en acogimiento familiar, los niños con enfermedades graves o los prematuros extremos.


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