Opinión

#COVID19 día 30 Mascarillas imprescindibles

Rafael M. Martos | Lunes 13 de abril de 2020

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¿Cuántos cargos electos se han hecho el test del COVID19 sin ni tan siquiera presentar el más mínimo síntoma… solo por precaución?

¿Cómo es que todos tienen mascarillas… a pesar de la dificultad que el propio Gobierno central reconocía tener para comprarlas en un mercado “tan agresivo”?

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Son algunas de las preguntas que quienes no tenemos mascarilla nos hacemos y de las que no lograremos respuesta, me temo, hasta que una comisión de investigación parlamentaria ayude a aclarar el desbarajuste que se ha producido desde el primer momento en que el coronavirus apareció en nuestras vidas.

El Gobierno levanta la reclusión forzosa a trabajadores de sectores no esenciales, e impone una normativa de prevención de riesgos, en la que obliga a las empresas a proporcionar mascarillas a su personal, al tiempo que justifica su propia inoperancia en la adquisición que él mismo gestiona. Resulta que esta decisión la hace pública en el fin de semana, de una semana festiva, y cuando contar con este elemento es objetivamente muy complicado, por no decir imposible.

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Por si fuera poco, el Gobierno anuncia que repartirá 10 millones de mascarillas en el transporte público a los trabajadores que vayan en el, pero de nuevo nos encontramos con dos informaciones contradictorias, porque el domingo la secretaria general de transportes, María José Rayo, afirmaba que se han repartido "156.000 mascarillas" a las distintas autonomías para ese fin en el primer día de esta semana, pero a la vez las distintas delegaciones del Gobierno en las autonomías aseguraban en notas de prensa, tener ya la totalidad de las que les correspondía, que en el caso de Almería, por ejemplo, son 160.000; de ellas se preveía repartir en un día la mitad, sin haber fecha para el resto, ni tampoco criterio de distribución.

Hay que reconocer que, efectivamente, hacerse con estos equipos en las actuales circunstancias es muy difícil, pero basta repasar la hemeroteca para recordar que Andalucía o Madrid ya habían comprado mascarillas cuando el Gobierno central aún no había reaccionado, pero es que las diputaciones como la de Almería, también habían adquirido por su cuenta hasta 152.000 para su personal, residencia de mayores y pequeños municipios, lo que supone solo 8.000 menos de las que manda el Estado para toda la provincia; incluso el insolidario presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, también compró, eso sí… solo para abastecer a las diputaciones socialistas de Andalucía… y han comprado los ayuntamientos, y las mancomunidades, y han comprado grandes empresas que no solo han dado a sus empleados, también han donado en cantidades que van desde miles a cientos de miles, en función de su capacidad.

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Pero eso sí, al Gobierno que decidió recentralizar el abastecimiento de equipos de protección, es al que más trabajo le cuesta comprar y el que más tarda en distribuir, aunque requisar los suministros gestionados por las autonomías es algo que hace con extremada agilidad.

La mala gestión fue tal, que tras recentralizar la compra, el ministro de Sanidad, Salvador ílla tuvo que cambiar de postura y decir que cada cual negociara lo que pudiera para su autoabastecimiento, con lo cual, ante los proveedores, compiten el Estado español, las autonomías españolas, las diputaciones españolas, los ayuntamientos españoles, las empresas españolas…

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Y claro que son necesarias las mascarillas aunque no sea por el COVID19 ¿o no es nauseabundo que el Gobierno de España se las compre a una empresa que fue condenada en 2015 por estafa, mientras sigue sin decir quién le vendió los famosos test rápidos inútiles?

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