Este gobierno no aprende de los errores, y se empecina en repetirlos, supongo que la excusa que puede alegar es que eso les hace muy humanos.
En su “aló presidente” de los sábados, Pedro Sánchez deja caer que a partir del día 2 de mayo, es posible que podamos salir a hacer un rato deporte, aliviando otro poquito el confinamiento al que estamos sometidos en virtud del Decreto de Estado de Alarma por la pandemia del COVID19, pero con el anuncio, abre las puertas a la confusión que, como ya vimos con la salida de los menores, acaba dejando en evidencia la descoordinación interna y la falta de esos informes a los que aludió el propio Sánchez una semana antes.
El presidente, que afirmó haber consultado con pediatras y psicólogos entre otros, para valorar la salida de los niños, resulta que con quien no contó fue con la Dirección General de la Infancia, que es un departamento de su propio Gobierno… pero en manos de Podemos.
Es más, él habló de 12 años y un paseo, la ministra Celaá repitió lo mismo antes del Consejo de Ministros, pero horas después la ministra Montero, tras dicha reunión, señaló que serían 14 años y para acompañar a un adulto a la farmacia, el supermercado, el estanco o la entidad bancaria, y ese mismo día por la noche, el ministro de Ílla, mantenía los 14 años, pero recuperaba la idea del paseo y el juego en espacios abiertos y sin contacto.
Ahora, cuando ha sido publicada en el BOE la modificación del Decreto de Estado de Alarma en la que se recoge lo de los niños, no se hace ninguna referencia al deporte u otro tipo de salidas que, según el presidente, tendrían lugar a mitad del periodo en el que se extiende la norma aprobada en el Congreso hace solo unos días. ¿No podía haberlo hablado en su reunión con los presidentes autonómicos, no podía haber hecho partícipe de la idea a la oposición a la que reclama su apoyo en las Cortes para el Estado de Alarma, aunque fuera una opción a medio plazo?
Por una parte tenemos la duda jurídica de si habrá que aprobar una modificación del Decreto, que por lógica también debería hacerse en el Congreso, porque no parece que un ministro pueda modificarlo por su cuenta, como sostuvo el propio Salvador Ílla. ¿Y por qué no se incluyó en el Decreto la discrecionalidad de autorizar el deporte con la premisa de “si se diesen las condiciones oportunas”?
Pero más allá de eso, la falta de concreción de la idea es un riesgo político, porque por un lado puede suponer que miembros del gobierno se pronuncien de modo diverso, desautorizándose unos a otros, y ya vemos que no tiene que ser siempre porque sean de partidos distintos.
Y el otro riesgo político es el de romper las ilusiones de la ciudadanía, de quienes piensan que podrán volver a hacer sus 10 Km de running, o quienes añoran un hora ¡al menos! de bicicleta, o la posibilidad del workout…
No ha aprendido el gobierno del lío que montó él solito con la salida de los niños, un lío transmitido a los ayuntamientos, que hasta el día antes del permiso, desconocían los principios elementales a los que debían atenerse para establecer los controles oportunos, o saber qué podían habilitar para ese esparcimiento, y qué no.
No ha aprendido porque para la práctica deportiva sucede lo mismo, que los ayuntamientos deberían ser consultados a la hora de establecer la norma general con tiempo suficiente, no la noche antes, como viene pasando con todo.