“El Ingreso Mínimo Vital es una medida histórica para Almería, que es la capital española con más población en riesgo de pobreza”, ha manifestado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Adriana Valverde, a tenor de los datos del Instituto Nacional de Estadística que señalan que 3 de cada 10 almerienses están en dicha situación o al límite de la exclusión social, y que la capital soporta un importante peso en el porcentaje provincial de ese 43 por ciento de menores que viven en las mismas circunstancias, “lo que condena a muchos de ellos a no tener un futuro”.
Desde el 1 de enero de 2018 existe la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, que cuenta con unos requisitos y regulación distinta al Ingreso Mínimo de Solidaridad que también se aprobó y funcionó en nuestra Comunidad, que ya no está vigente. Esta ayuda, también conocida como “el salario social de la Junta de Andalucía”, permite cobrar una ayuda económica durante un periodo máximo de seis meses. El salario social se puede recibir durante seis meses y para volver a solicitarlo hay que esperar otros seis meses más, por lo que una familia sólo podrá percibirlo una vez al año, tal como salió adelante con el impulso del propio Partido Socialista.
En este sentido, la portavoz socialista ha pedido al alcalde de la ciudad que actúe con rapidez y firme el correspondiente convenio con el Gobierno de España para que los beneficiarios de esta medida puedan solicitar el Ingreso Mínimo Vital cuanto antes, a través del Ayuntamiento. “Esperemos que no ocurra como con otras iniciativas que los socialistas le hemos reclamado al equipo de gobierno del PP, la última de ellas, una moción en la que se pedía, entre otros asuntos, la incorporación al Presupuesto Municipal de 2020 de unas partidas específicas que permitieran diseñar una estrategia de políticas sociales orientada al reequilibrio territorial y a reducir las desigualdades entre barrios, moción que sigue guardada en un cajón, a pesar de que fue aprobada por unanimidad”.
“Si la situación era preocupante antes de la crisis económica y social desencadenada por el COVID19, es fácil imaginar”, según la líder de la oposición, “cómo se encuentran actualmente estas familias a las que el Ayuntamiento de Almería ha respondido con unos Servicios Sociales colapsados e inaccesibles para buena parte de los afectados, y con acciones de beneficencia”. De ahí, a su juicio, la importancia de esta medida puesta en marcha por el Gobierno de España, que “supone instituir un derecho para que nadie se quede atrás, cumpliendo así con la demanda de justicia social que existe, particularmente entre quienes están sufriendo con más dureza los efectos económicos de la crisis”.
En este sentido, ha recordado que España, que era uno de los pocos países de Europa que carecía de una medida de este tipo de ámbito estatal, tiene unos niveles de pobreza, sobre todo extrema, de los más altos de los países de nuestro entorno - un 7%-, lo que duplica la media de la UE y triplica a países como Alemania.
Para Valverde, “este nuevo derecho, de importancia similar a la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, es una medida que implicará ‘un antes y un después’ para muchas familias de Almería que no disponen de unos mínimos ingresos, dado que beneficiará mayoritariamente a hogares con hijos, pues más del 30% de los beneficiarios serán menores de edad”.
“Pero, además, es importante saber que esta medida también va a tener consecuencias sobre la economía de la ciudad muy positivas, pues esos 3.000 millones que el Gobierno de España va a destinar al Ingreso Mínimo Vital en todo el país es dinero que va a llegar a los comercios de Almería, vía consumo en productos básicos, como alimentos o ropa, lo que va a repercutir en el empleo de pymes y autónomos, y ayudará, en definitiva ,a la iniciativa privada”, ha señalado.
Asimismo, Adriana Valverde ha puesto de relieve el hecho de que estos ingresos, además de reducir la pobreza, potenciarán la inclusión social, pues los beneficiarios realizarán un itinerario personal de búsqueda de empleo, llegará acompañado de una serie de incentivos para el empleo y de una labor de asistencia social por parte de los Ayuntamientos, así como de la obligatoriedad de inscribirse como demandantes de empleo y de presentar sus declaraciones de IRPF.
“El Ingreso Mínimo Vital resultará de extraordinaria importancia en ciudades como la nuestra, donde la pobreza tiene un carácter estructural, porque permitirá luchar contra la vulnerabilidad económica, romper el círculo de desigualdad, de falta de oportunidades y de incertidumbre vital, y, sin duda, contribuirá de forma decisiva a reducir notablemente la pobreza y a fomentar la inclusión social”, ha añadido, finalmente.