Dos meses después de comenzar a preguntarle al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Coordinación de Emergencias, Fernando Simón, sobre las muertes de ancianos en las residencias como consecuencia del COVID19, seguimos sin escuchar una respuesta. Tras una veintena de cuestiones presentadas por los periodistas, hemos escuchado que se iba a hacer un estudio, que se estaba haciendo, que se esperaban datos de las comunidades autónomas, que habían llegado pero había que depurarlos… para volver a la casilla de salida, afirmando que cuando acabe el Estado de Alarma se hará un estudio con total transparencia, claro, como todo.
Entre los datos que Sanidad tiene en su página web –la que esta inactiva desde el 21 de mayo no, la otra- no ofrece datos sobre la edad y sexo de los fallecidos, ni tampoco si fallecieron en residencias, en casa, o en hospitales, así que hay que fijarse en los datos que sí reportan las Comunidades, pero que el Ministerio no parece recoger. Se supone que han muerto en residencias unas 20.000 personas, que si nos creemos el dato oficial de fallecidos, suponen alrededor del 72%, pero si nos vamos a los que aportan las funerarias y el INE, serían menos del 50%.
Cada una de estas personas era una historia, o mejor dicho, eran muchas historias, tantas como familiares deja a este lado de la linde, unos familiares que no se han podido despedir de ellos, porque hay más facilidades para acudir a un concierto que a un funeral en esta nueva normalidad.
Solo alguien intrínsecamente malo, podrido por dentro, puede acusar de criminal y asesino al rival político en estas circunstancias, y ese es Pablo Iglesias, porque es vicepresidente del Gobierno, y responsable directo de lo que ha pasado en estas residencias durante la pandemia.
Ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni Illa, ni Simón… pero por supuesto que ni la presidenta madrileña Isabel Ayuso, querían que muriera nadie, ni han actuado con la intención perversa de causar la muerte de nadie, ni tampoco los sanitarios que han tenido que tomar decisiones que, en realidad, toman cada día en los servicios de Urgencias, sin ser esta ocasión algo excepcional aunque se haya convertido en noticia el triaje.
Pero es que Iglesias, es el menos indicado para hacer ningún tipo de acusación porque ha demostrado una vez más que es un tipo calculador, frío, a quien como buen defensor de dictaduras, las vidas y las muertes solo las entienden en función del rédito que de ellas puede obtener.
Es por eso que no se ha dignado a acudir a ninguna residencia, ni pública ni privada, para conocer de primera mano cómo están quienes allí viven, y tampoco ha sido capaz de encargar una estudio sobre las condiciones en que están unas y otras, y unos y otros, ni ha analizado como se financia, ni en qué condiciones, ni qué tipo de empresas las gestionan cuando son privadas, ni que instituciones públicas gestionan las públicas.
No ha hecho nada porque no quería mancharse, no quería aparecer vinculado a un sector que, en virtud del establecimiento del mando único, quedaba bajo su control absoluto, y se ha saldado con una dolorosa realidad.
Es cierto que Iglesias puede argumentar que él –“este Gobierno” porque así aparta ese cáliz un poquito más de sí- no podía solucionar en dos meses la gestión fruto de lo que él llamaría “los recortes del PP”, pero es que con más razón, si es verdad que piensa que la gestión del PP de Madrid, ha sido determinante, debería haberse involucrado desde el minuto cero para paliarlo en vez de permitir que siguiera pasando.
El problema es que se argumento se le cae, cuando resulta que en Galicia, donde lleva décadas gobernando el PP, es uno de los lugares donde menos fallecidos ha habido en residencias, y en Murcia pasa lo mismo, mientras que Cataluña, donde gobiernan sus amigos de ERC con el PdCat, pues está peor que Madrid, y qué decir de Aragón, donde también están sus socios, y casi el 90% de los fallecidos por COVID19 lo ha hecho en residencias.
Estaremos atentos a si alguna de las alrededor de 200 denuncias que hay en estos momentos por estas cuestiones, acaba en forma de citación en la mesa del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales.