Rafael M. Martos | Viernes 12 de junio de 2020
La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha archivado la causa sobre el 8M en la que aparecía como principal investigado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo, al considerar que no hay indicios suficientes del delito de prevaricación administrativa en el visto bueno que dio para la celebración de esta manifestación en aquellas circunstancias tan excepcionales.
Las circunstancias, cómo no recordarlo, eran la sombra alargada que ya empezaba a proyectarse sobre este lugar llamado España, del coronavirus COVID19, donde los contagios ya empezaban a multiplicarse de un modo preocupantes para muchos, menos para el Gobierno.
Pretender confundir los planos de lo político y lo judicial tiene estas cosas, que el tiro de los denunciantes y sus corifeos, les ha salido por la culata, porque una cosa es cuestionar una mala gestión desde el plano político, y otra bien distinta es que de ahí deriven responsabilidades penales.
El otro gran error de esta iniciativa penal ha sido enfocarlo en el 8M como evento político, porque hubo otras concentraciones de personas permitidas, y focalizarlo en el Día de la Mujer, ha permitido que la presunción de antifeminismo de la denuncia –que no digo yo que no sea real- tapa la imprudencia palmaria con que actuaron.
Parecía de entrada bastante absurdo que se acusara al delegado del Gobierno de permitir la manifestación pese a tener conocimiento de que era un riesgo para la salud pública, cuando él mismo y su familia acudieron a ella, y este argumento se puede extender a otros miembros del Gobierno.
Su gran error fue subestimar la “hecatombe” que se nos venía encima, por utilizar palabras del informe del forense encargado por la juez, y que pese a su dureza, ha sido descartado, como también se han desatendido los realizados por la Guardia Civil, si bien hay que añadir que en ambos casos rezumaban un claro tufillo tendencioso.
Ahora encontramos que resultará muy difícil exigir responsabilidades políticas cuando se han dilucidado las penales, es decir, que reclamar dimisiones, o ceses, a personas a las que la Justicia no considera culpables de nada, es bastante complicado de argumentar. Distinto habría sido hacerlo al revés, exigir responsabilidades antes los continuos desatinos, antes por la imprevisión, en medio por el caos, y después por las consecuencias económicas a las que nos vamos a enfrentar.
A esto habrá que sumar que la denuncia ante el Tribunal Internacional de Justicia contra Pedro Sánchez por genocidio acabará en la papelera, por desajustada a derecho, lo que supondrá otra victoria a mayor gloria de quien tan mal ha gestionado.
Podrá decirse que la juez ha actuado bajo presión, y es posible, pero si hubiese actuado en sentido contrario, manteniendo la instrucción, las críticas no habrían sido distintas ni menores, y si llegado el caso, se hubiesen producido recursos y se le enmendara la plana, las críticas, insisto, le habrían llovido en la misma manera y cantidad. Su única escapatoria habría sido pasar el tema y que se abriera juicio oral, y entre que sí y que no, que una instancia, que la otra, que un recurso, que otro… nos metemos en elecciones.
Tras escuchar tantas ruedas de prensa o como quiera que se le llame a las comparecencias de Fernando Simón, coordinador de Emergencias y Alertas Sanitarias, estoy convencido de que está pagando su pecado original, que fue no advertir al Gobierno con la suficiente contundencia y premura, de los riesgos de la pandemia, y quizá por ello desde entonces le andan dejando solo para explicar cosas inexplicables, como el lío de los test, de las mascarillas, de los contagios y de los muertos.
El Gobierno tenía en Simón su asesor técnico, su profesional, y no me puedo creer que si éste le avisa de los riesgos reales, el propio Franco, la mujer del propio presidente, las vicepresidentas y hasta la ministra de Igualdad con su hija, se metieran allí en medio.
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