Así lo explica el abogado de la acusación popular, Estanislao Naranjo, que detalla que el joven fue esposado mientras hasta siete personas estaban en la sala donde le inmovilizaron boca abajo
Estanislao Naranjo Infante es abogado de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado y es acusación popular en el caso de la muerte del joven ceutí Iliass Tahirien el centro de menores Tierras de Oria hace un año, y que tras ser archivado por el juzgado, ha sido recurrido tanto por él como por el letrado que representa a la familia, y está adherido a ello la Fiscalía.
Este polémico centro gestionado por GINSO no ha estado nunca exento de polémicas por sus métodos para el control de los internos, habiendo sido objeto de numerosas denuncias, si bien no ha sido fácil probar nunca nada más allá de los propios testimonios de los menores.
Este caso que, como decimos, había sido archivado, ha vuelto a la actualidad tras la difusión de un vídeo que hasta el momento era secreto por estar en el sumario, ahora público. De la prueba testifical se ha deducido que el joven tuvo varios brotes violentos por la mañana, y a raíz de esto “se decide hacerle la inmovilización”, pero las cosas no están tan claras según Naranjo, quien detalla que en las imágenes publicadas se observa cómo procede el personal sobre él, pero no les han sido facilitadas otras que también están grabadas, y que explicarían qué pasó antes y qué pasó después, ya que hay informes detallados de la Guardia Civil pero ellos reclaman el visionado de las mismas.
En esa línea detalla que de las declaraciones de los testigos se colige que “estaban dando patadas” y muy agresivo pero “nada de eso se ve en el vídeo”, por lo que considera importante ver la integridad del material.
El hecho es que la fama de Ilías era de ser “conflictivo”, hasta el punto de haber pasado por otros dos centros –en Cádiz y Córdoba- antes de recalar en el de Almería, y ese día y en esas circunstancias la inmovilización que se le hace es “boca abajo” y con “esposas” cuestiones ambas fuera de los protocolos de actuación para este tipo de situaciones.
La cosa se complica porque el joven estaba tomando una medicación incompatible con esta forma de inmovilización, pero además, en la autopsia que se le hace al cadáver, se advierte que tiene una cariopatía congénita no detectada hasta entonces a pesar de haber pasado por distintos centro tutelados, y que ponía aún más en riesgo su vida.
El letrado pone énfasis en que la sala donde se estaba realizando la inmovilización llegó a haber hasta siete personas, pero no se les ha querido dar aún el nombre de la enfermera que debió estar presente, y destaca que los presuntos implicados solo han respondido a preguntas del juez y de sus defensas, pero no a las distintas acusaciones.
Naranjo sostiene que “ha habido una mala praxis”, y que podría tratarse de un homicidio, pero tanto la calificación del presunto delito, como a quién se dirigiría la acusación concreta, es algo aún por determinar en el caso de que finalmente se acepte su recurso de apelación y el caso vuelva al juzgado de Purchena para seguir la investigación.
El letrado cuestiona también que el centro tuviese su propio protocolo para este tipo de situaciones, que es algo que le permite la ley, pero que es distinto al de la Junta de Andalucía para los centros que gestionan directamente, que es más rígido.
No será hasta finales de este año o inicios del próximo cuando se confirme si la investigación de esta muerte sigue el cauce judicial, o queda calificada oficialmente como “accidental”.
Ha sido precisamente a raíz de este hecho cuando, tal como ha explicado el viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, el protocolo de contención mecánica para aplicar en los centro de internamiento de menores infractores (CIMI) de Andalucía que era de 2016, se modificó. Eso fue en septiembre de 2019, dos meses después de la muerte de Iliass Tahiri, unificándose para toda la comunidad, y prohibiendo que la inmovilización se haga boca abajo e implantando que las grabaciones contengan también audio.
La decisión fue tomada cuando la Fiscalía, en su recurso para solicitar la reapertura de la investigación, solicitó del juzgado como medida cautelar, que se ordenara la suspensión de estas medidas de contención.
Para el viceconsejero, con el documento "se han incorporado mejoras que están en la línea de lo que demanda el Ministerio y el Defensor del Pueblo", según ha expresado antes de lamentar la muerte de Iliass justo hace un año en el centro de menores.