He tenido el honor de intervenir en el Parlamento Andaluz ante la Subcomisión de Políticas Sociales de la Comisión de Recuperación de Andalucía, donde pude exponer el trabajo que había desarrollado el Ayuntamiento de Almería durante el Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España. El brusco cambio que ha supuesto la aparición de esta pandemia ha marcado un punto de inflexión en la tarea del municipalismo, que se ha convertido en el primer dique de contención de la crisis. Y no me refiero solo a la atención las necesidades más inmediatas de las personas más afectadas, sino dar respuesta a otras cuestiones como la situación del transporte público, la desinfección de calles y residencias o los contratos públicos, situaciones que están abocadas a un desequilibrio económico. Por todo ello, uno de los puntos clave de mi intervención hacía referencia a la necesidad, señalada en repetidas ocasiones por la Federación Española de Municipios y Provincias de la que tengo el honor de ser vocal, de que el Gobierno central autorice a los ayuntamientos a usar todo el superávit municipal para implementar medidas con las que hacer frente a la crisis económica derivada del covid-19, ya que el Ejecutivo central no nos ha ayudado en nada a la hora de atender los servicios esenciales que dependen del Ayuntamiento. Lo que se pide desde el municipalismo no es un préstamo, ya que no estamos hablando de financiación, sino de permiso para usar nuestros ahorros, que se han formado a lo largo de los años gracias a los tributos e impuestos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Almería cuenta con un superávit de 16 millones de euros inmovilizados en una cuenta del banco que podrían emplearse para mejorar la vida de los almerienses. Por eso insisto en que el Gobierno central actúe de un modo realista y efectivo, dando la libertad de empleo esos recursos sin entrar en condicionantes que limiten la efectividad real de esta actuación. El Gobierno nos pide que le demos todos nuestros ahorros para que ellos a su vez nos aporten solo el 35 por ciento y el resto nos lo devuelvan a lo largo de diez años, desde 2022, y encima pudiéndolo gastar solo en lo que ellos quieren. Esta medida es una especie de despotismo ilustrado en el que todo es para los ayuntamientos, pero sin contar con los ayuntamientos. La pandemia está cambiando el mundo que conocimos y en esa nueva realidad los ayuntamientos deben asumir el mayor protagonismo que reclaman los ciudadanos.