La Policía Local establece dispositivos para controlar los accesos a El Ejido

La Policía Local de El Ejido está intensificando los controles de movilidad en el municipio en cumplimiento con las nuevas medidas establecidas por la Junta de Andalucía frente al COVID-19 desde las 00.00 horas del pasado martes 10 y vigentes hasta el próximo 23 de noviembre en toda la Comunidad Autónoma.

Los agentes han establecidos puntos de control en las entradas y salidas de El Ejido y en la rotonda de Almerimar para impedir que se produzcan desplazamientos prohibidos y tratar de esta forma de frenar nuevos contagios.

Las excepciones a la movilidad entre municipios son:

• Asistencia a servicios y establecimientos sanitarios

• Obligaciones laborales, educativas o legales

• Retorno a la residencia habitual

• Cuidado de mayores, menores o personas con discapacidad

• Recolección de huertos y atención a animales domésticos

• Compra de alimentos no existentes en el propio municipio

• Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencias

• Desplazamientos de deportistas de categoría absoluta, de alto nivel o de alto rendimiento

• Causas de fuerza mayor o situación de necesidad

Además de estos dispositivos de control de movilidad, los agentes recorren cada día las principales calles comerciales de El Ejido y los núcleos para comprobar que los establecimientos que no están catalogados como esenciales cierran a las 18.00 horas y que se cumple con el toque de queda a las 22.00 horas, salvo las excepciones en cada caso.

Del mismo modo se encargan de comprobar los aforos según el nivel y el grado de incidencia del virus, siendo Nivel-3 en El Ejido y todo el Distrito Sanitario de Poniente; el uso obligatorio de la mascarilla; el cumplimiento de la cuarentena de los positivos o los contactos estrechos con positivos, en coordinación con Distrito Sanitario Poniente y el área de Sanidad; y que las reuniones en el ámbito público y privado no sean de más de seis personas.

Se recuerda que el incumplimiento de las medidas conlleva sanciones económicas, además del riesgo sanitarios.