El programa de vacunación que Salvador Illa dejó “atado y bien atado” antes de partir a probar fortuna en tierras catalanas, está resultando un desastre por algo que todo el mundo –menos el Gobierno y el oráculo de Fernando Simón- veía venir, y era su inconcreción más allá de las primeras obviedades.
Aquí se podría haber optado por dejar que cada comunidad hiciera su propio programa, pero no, había que poner uno desde La Moncloa, uno para todos, y no porque La Moncloa quisiese –que seguro que también en eso habrían preferido lavarse las manos- sino por demanda de los gobiernos autonómicos en que así fuese, quizá porque también ellos buscaban que los problemas por venir recayesen en otros en vez de establecer un sistema basado en su propia realidad epidemiológica.
Se podría haber optado por vacunar primero a quienes más capacidad para contagiar tienen, que son los de mediana edad, pero se decidió empezar por los más vulnerables por su mayor riesgo de fallecer en caso de enfermar.
En otros países la vacunación ha comenzado por los dirigentes políticos para dar ejemplo, pero aquí se ha decidido que… no se sabe cuando les toca.
Y es que al final se ha montado una auténtico lío por algo absurdo, ya que habrá vacunas para todos, aunque tarden, y lo único que se está haciendo es priorizar las primeras dosis que llegan… los demás solo tenemos que seguir protegiéndonos como hasta ahora.
Lo que pasa es que falla el protocolo, porque no queda claro, por ejemplo qué se debe hacer con las vacunas descongeladas sobrantes ¿se tiran, o se ponen a alguien, pero a quién?, como tampoco se determina quién es el personal de primera línea frente al covid-19 ¿lo es el vigilante de seguridad de un hospital? ¿lo es quien está en el mostrador de recepción? ¿y el personal de limpieza? ¿lo son los directivos que están todo el día en el centro hospitalario que quizá no están en contacto directo con los enfermos, pero sí con quienes les tratan?
Y luego surgen otras preguntas como si un policía debe ir antes o después de un maestro, porque cada uno tiene sus riesgos. ¿Y los camareros o los cajeros deben ir antes o después de los mencionados?
¿Y los políticos? ¿El presidente del Gobierno debe ir antes o después que un alcalde? ¿y si se vacuna al presidente, también a todos los ministros, y con ellos a sus asesores, y lo mismo en las autonomías, y también a los diputados, senadores, parlamentarios… y a los concejales, y al personal municipal… y así hasta donde vamos extendiendo las prioridades políticas?
Seguro que cada cual tiene su propia lista, pero en todo caso, coincidiremos en que una vez decidida, a ella hay que atenerse, pero es que tampoco está regulado qué sanción debe imponerse a quien se salte el turno.
Como en tantas cosas, este Gobierno se niega a rectificar incluso cuando el error es palmario. Ante los primeros que se han saltado el protocolo, debía haberlo revisado de inmediato para ajustar las prioridades –también para ver el tema del excedente de vacuna en el vial-, y luego establecer sanciones, como por ejemplo, que paguen su propio tratamiento, algo posible para todos, incluidos curas y militares.
Aclarar el protocolo de vacunación evitaría interpretaciones que rozan lo paranormal, y dejan en manos de cualquiera, como por ejemplo nosotros, los periodistas, juzgar quién se ha saltado o no la norma, sin más criterio también, que su propia opinión.
Pero hasta en eso, el Gobierno de Pedro Sánchez prefiere mirar para otro lado, como cuando te clavan la aguja en el brazo.