Martes 09 de febrero de 2021
El Gobierno solo ha concedido el ingreso Mínimo Vital al 17% de los que anunció el PSOE en Almería que debían recibirlo
El diputado del PSOE por Almería en el Congreso, Indalecio Gutiérrez, anunciaba en mayo de 2020 que unas 26.000 familias cumplirían los requisitos establecidos por el Ministerio de Seguridad Social de tener ingresos inferiores a 230 euros mensuales por unidad de consumo, y por tanto podrían recibir el Ingreso Mínimo Vital que aprobaba en ese momento el Gobierno central.
Pero la realidad es muy distinta, ya que el total de solicitudes presentadas por todos los medios disponibles puestos a disposición de los ciudadanos por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la provincia de Almería asciende a 25.747, lo que se aproximaba bastante al cálculo de necesidades expuestas por el diputado, pero según los datos consultados por Noticias de Almería, del total de solicitudes registradas se han denegado 10.949 y han sido resueltas favorablemente 4.470, resultando 13.484 personas beneficiarias por el Ingreso Mínimo Vital. Por último, se informa que no es posible facilitar la información relativa al resto de cuestiones planteadas.
Como contraste, la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA) que gestiona la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, ha beneficiado a 9.600 personas en la provincia de Almería durante el año 2020, lo que supone un incremento del 9,85% y 861 personas más que el año anterior.
De esta forma, el número de personas menores de edad atendidas se ha incrementado en un 16,65% en un momento en que la Consejería que dirige Rocío Ruiz ha fijado como uno de sus objetivos para el presente año, la lucha contra la pobreza infantil.
Todo ello ha supuesto la resolución, durante 2020, de 5.270 expedientes entre solicitudes iniciales y de ampliación. De ellos, 3.245 han sido concesiones de prestaciones, lo que supone un incremento del 6,39%. Todo ello, en unas circunstancias excepcionales por la pandemia de Covid-19, agravadas por la nula digitalización de expedientes y una gestión muy condicionada por los requerimientos de documentación en papel a las personas solicitantes por las limitaciones de acceso a información de manera telemática.
La Renta Mínima andaluza ha supuesto una fuente de ingresos indispensable para las familias vulnerables y en riesgo de exclusión en un año marcado inevitablemente por la pandemia de Covid-19. A la modificación del Decreto-Ley, el refuerzo en la gestión y el plan de choque previsto por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación previamente al inicio de la crisis social y sanitaria, surgió la necesidad de promover medidas para poder agilizar el acceso a la prestación a las familias más necesitadas.
Así, el Decreto-Ley 6/2020 de 30 marzo recogió medidas extraordinarias para la concesión provisional de prestaciones con el objetivo de hacer llegar esta ayuda al mayor número de familias posible, descargando la gestión de los expedientes para aumentar la capacidad de resolución mediante solicitudes de urgencia y emergencia social y solicitudes de ampliación y expedientes de alta que llegaran a fin de prestación durante el estado de alarma.
Posteriormente, el Decreto-Ley 10/2020 estableció la concesión de una prestación extraordinaria de 5 meses de duración para las solicitudes de una nueva modalidad de situación de emergencia social para unidades familiares con menores a cargo o unipersonales. Así como el incremento hasta los 12 meses de la duración de la ampliación o la simplificación de los consentimientos en la solicitud.
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