Las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, cuestionando la “normalidad democrática” del Estado español por la existencia de “presos políticos” ha llevado a que toda la oposición real –hay otra oposición oficial, que objetivamente sustenta al Gobierno- reclame su dimisión o su destitución, argumentando que aquí ni hay “anormalidad democrática”, ni hay “presos políticos”.
Lo cierto es que si nuestra democracia es o no equiparable a otras, y si los políticos presos –ya en la calle- son presos políticos, son cuestiones que darían para un buen debate, pero apuntar por ahí es sencillamente enmarañarse en lo que el propio Pablo Iglesias quiere, para así colocarse él y los suyos a un lado, y meter en el mismo saco al PP, al PSOE y a Vox, que es lo que continuamente anda haciendo con el único fin de demostrar que él y los suyos no son como los demás, que ellos sí son de verdad.
Pablo Iglesias, después de lo que dijo, efectivamente, debería ser destituido por Pedro Sánchez, porque como presidente, es el responsable de la calidad democrática de este país, y su vicepresidente niega que ésta se homologable (no dice qué democracias son para él "normales"). Además, Sánchez afirmó que no podría tener un vicepresidente que hablase de “presos políticos”… pero ahí lo tiene.
Por coherencia, del mismo modo, Iglesias debería dejar un Gobierno que es desde su óptica, incapaz de mantener a este país dentro de una “normalidad democrática” y que permite la existencia de “presos políticos”. Por coherencia, debería estar en la oposición dando la batalla, y no metidos él y su mujer en el Consejo de Ministros.
La anormalidad democrática para Iglesias es que los tribunales investiguen si tiene a un asesora pagada con dinero público, como niñera, si los pagos que hizo su partido a una empresa fueron reales o figurados, si amañó la votación en que fue reelegido secretario general. Eso, para el vicepresidente, es anormalidad democrática, pero no lo es cuando investigan al Partido Popular.
De la misma manera, es una anormalidad democrática para el vicepresidente segundo, que un rapero pueda ir a la cárcel por unas letras en las que pide que vuelen con una bomba el coche de un socialista, o relata el placer que siente cuando matan policías o militares, o gente ideológicamente diferente a él, y eso, dice, debe ser despenalizado. Nada dice si despenalizar las ofensas a los sentimientos religiosos, debería llevar aparejado despenalizar las ofensas a los sentimientos políticos, porque esa es una parte de la Ley de Memoria Histórica; y si despenalizar la quema de la bandera actual de España supone que también podrá hacerse lo mismo con la de la II República o con las de las Comunidades Autónomas.
Iglesias, con sus palabras, lo que hace es contribuir aún más a su imagen de antisistema, pero de antisistema que se aprovecha del sistema, que se desacredita cuando él hace justo lo que criticaba (el chalet, los sueldos, la “esposa-de” con cargo, la victimización por los escraches, la subida de impuestos, los asesores…).
Las palabras de Iglesias, al margen de si tiene o no razón, solo pueden conducir a la destitución o a la dimisión, pero eso no ocurrirá porque Sánchez es un presidente de quien ya nadie se cree nada. Pero nada, de nada, ni de esto, ni de economía, ni la pandemia… nada de nada, pero ni aquí, ni fuera de aquí.