Solo dos familias de las 230 personas afectas por el incendio del asentamiento ilegal en los Atochares (Níjar) aceptaron ser realojadas tras el incendio que se produjo el 13 de febrero, según ha informado el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, en sede parlamentaria tras la pregunta formulada por el parlamentario no adscrito Diego Crespo (ex Adelante Andalucía), quien se emocionó hasta casi llorar al hacerla.
Según Bendodo, estas dos familias permanecen en los módulos para emergencias sociales articulados a través de los fondos covid otorgados por la Junta, ya que el resto "optó por el realojo en chabolas de familiares o allegados dentro del propio asentamiento" mientras que una familia más pidió su traslado a Roquetas de Mar.
Crespo criticó que un mes después del incendio "ninguna administración ha hecho nada" y no se privó de hablar de "racismo institucional" porque estaba convencido de que "Si este incendio se hubiera producido en lugar de en Atochares, donde viven trabajadores, en otro sitio de Andalucía, la respuesta hubiera sido diferente y los políticos se habrían dado patadas en el culo por arreglar el problema".
En ese sentido, el consejero aclaró que el "problema de los asentamientos es eminentemente municipal", pese a lo cual, lo que la Delegación de Gobierno en Almería ha mantenido reuniones con los representantes de los municipios afectados como con las organizaciones que trabajan en los asentamientos para tener un "diagnóstico de la situación particular" de cada uno de ellos, y así "buscar una solución conjunta entre todas las administraciones implicadas"
"No nos ponemos de perfil, metemos el hombro", ha dicho el consejero, quien ha recordado que el Gobierno andaluz articuló una partida de más de 700.000 euros para actuar en los poblados chabolistas localizados en distintos municipios de Huelva y Almería ante el covid-19, lo que facilitó la instalación de "módulos higiénicos" en Níjar. "Para usted puede que no sean suficientes, pero es justo reconocer la sensibilidad de este gobierno con este tipo de situaciones", ha añadido.
En este sentido, Bendodo ha reprochado al diputado no adscrito que a través de la confluencia a la que pertenecía no llegara a apoyar este acuerdo y se pusiera "de perfil en ese decreto que no apoyaron". "Estos módulos que se instalaron para emergencias sociales y para casos de contagio han sido útiles porque se ofrecieron a las familias afectadas por parte de las ONG que operan en Níjar, la Fundación Cepaim, Cruz Roja y Médicos del Mundo", ha recalcado.
Por su parte, Crespo considera que "la sociedad ha respondido, pero no así las autoridades que han delegado su responsabilidad en el papel de las ONG y ni siquiera han dado en todo este tiempo una alternativa habitacional de urgencia a las afectadas por el incendio y ni mucho menos parecen estar buscando soluciones a largo plazo".
Así, ha llamado la atención sobre este problema "estructural" que afecta a la provincia "desde hace más de 30 años" y que "no se ha resuelto en todo este tiempo por falta de voluntad política" así como por la "necesidad capitalista de tener trabajadores y trabajadoras sin derechos, lo más precarios posibles tanto en el aspecto laboral como en el acceso a una vivienda digna". "No es solo cuestión de las personas afectadas por este incendio sino que más de 4.000 personas malviven en diversos asentamientos repartidos entre el mar de plástico donde trabajan", ha dicho.
"La respuesta de las administraciones públicas al incendio que se produjo en Atochares ha sido pasarse la pelota de un tejado a otro con el argumento de que es un problema que desborda competencias y recursos", ha apuntado en una nota el diputado no adscrito, quien también mantuvo una reunión en la Subdelegación de Gobierno en relación a este asunto.