El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega ya a 5.615 hogares almerienses según datos oficiales difundidos por la Subdelegación del Gobierno, lo que supone que a estas alturas, esta ayuda alcanza a la quinta parte de las familias a las que el tanto el PSOE como el propio Gobierno prometieron, en concreto serían “más de 26.000 familias”. El diputado nacional del PSOE por Almería, Indalecio Gutiérrez, en mayo de 2020 puso en valor esta medida que complementará la economía de los hogares más vulnerables, con especial atención a las monoparentales, con una estimación que parte de 26.000 familias que cumplirían los requisitos del Ministerio de Seguridad Social de tener ingresos inferiores a 230 euros mensuales por unidad de consumo.
De hecho, ni tan siquiera llegó a haber 26.000 peticiones al inicio, si no 22.400, si bien en febrero pasado ya eran 25.747 los peticionarios.
En las familias que lo tienen concedido viven 16.444 personas, de las que 9.328 son adultos y el resto, 7.116, menores. En toda España son 203.838 las familias a las que se les ha reconocido esta prestación, que suman 565.195 personas, donde más del 43% son menores (245.175). De media, cada hogar está formado por 2,77 personas. A nivel andaluz, la prestación llega ya a más de 66.000 hogares donde viven 185.000 personas.
Lo bueno de estas cifras es que al fin se han actualizado, porque a principio de marzo dábamos en este medio el titular de que el Gobierno reciclaba los datos, porque a distintas preguntas del PP, de Vox y Compromis, hechas en meses distintos, la respuesta era exactamente la misma en cuanto a números, como si nadie hubiese hecho nuevas peticiones, ni tampoco se hubiesen resuelto expedientes.
El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente Arias, ha destacado que el IMV está siendo “especialmente eficaz” en la lucha contra la pobreza infantil. En este sentido, cabe destacar que el Gobierno ha destinado más recursos que cualquier administración autonómica con estas competencias en un año normal. Desde el inicio de la tramitación, como así ha sucedido, se ha ido avanzando en la cifra de hogares protegidos, lo que ha permitido que se haya pasado de las 640 unidades familiares que el pasado mes de octubre ya disponían de la prestación a los 5.615 hogares actuales.
La prestación media reconocida asciende a 460 euros al mes. El Ingreso Mínimo Vital cubre la diferencia hasta un umbral de renta garantizado que varía en función del tipo de hogar contabilizando las rentas preexistentes, si existen, con excepción de las rentas mínimas de las comunidades autónomas. El umbral de renta garantizada oscila entre los 470 euros al mes (el equivalente a una pensión no contributiva) para un hogar unipersonal y los 1.033 euros al mes para unidades de convivencia formadas por dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores o por cuatro adultos y un menor.
El abono de unos 152 millones de euros correspondientes a la nómina de marzo eleva a más de 920 millones el total desembolsado por la Seguridad Social en estos nueves meses.
Por edades, de media, los titulares del Ingreso Mínimo Vital tienen 43,51 años. El grupo más numeroso son las personas entre los 36 y los 45 años, que superan el 36% del total.
Reducir la pobreza infantil era uno de los grandes objetivos de la puesta en marcha de la prestación. En marzo, casi el 44% de las personas que viven en hogares titulares de la prestación son menores y casi el 70% de las unidades de convivencia a las que se les abonará la nómina de marzo tienen al menos a un menor en ellas. Este hecho hace que, si se tiene en cuenta a todos los miembros de las unidades de convivencia, la edad media se sitúe en 27,55 años y, excluyendo a los titulares, en 18,55 años. Casi uno de cada tres hogares es monoparental.
Por género, más del 70% de los titulares de la prestación son mujeres y también son mayoría entre los beneficiarios, con 316.163 mujeres que forman parte de las unidades de convivencia que reciben el Ingreso Mínimo Vital.
En concreto, hasta el cierre de la nómina de marzo, el INSS ha recibido, a nivel nacional, 1,15 millones de solicitudes válidas desde que se puso en marcha la prestación, hace nueve meses. De ellas, más de 800.000, más del 75% del total, se han tramitado, con más de 210.000 prestaciones aprobadas y 600.000 denegadas. Otras 62.000 están en proceso de subsanación, es decir, que se ha reclamado al solicitante o a alguna administración información para completar el expediente.
En su mayoría, las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio), aunque un 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para lo que en enero se realizó una modificación normativa para que los trabajadores sociales y entidades colaboradoras del Ingreso Mínimo Vital puedan realizar la acreditación y facilitar el reconocimiento de situaciones de convivencia no convencionales.