Después de unas semanas hablando de los posibles –más que posibles- indultos a los políticos presos por causa del “process”, sigo sin entender las razones que mueven al Gobierno, en concreto, a la rama socialista, y más concretamente a su presidente, Pedro Sánchez.
Y es que quienes opinan que aquel juicio fue una farsa, y que fue la consecuencia un atropello al derecho de autodeterminación de Cataluña, que los políticos presos son, en realidad, presos políticos, pues esos siempre lo han tenido claro. Quienes han defendido esta postura es lógico que a día de hoy consideren que solo la amnistía puede enmendar lo que se hizo.
Ahora bien, quienes como el propio Sánchez afirmaron que el juicio del “process” se atuvo a los parámetros de la legalidad democrática, y afirmaron que las condenas serían cumplidas en su totalidad, difícilmente pueden ahora decir lo contrario y explicarlo con un mínimo de coherencia.
El origen del indulto como medida de gracia tiene por fin hacer justicia allá donde la aplicación de la Ley en todo su rigor acaba produciendo una injusticia, y por tanto, las primeras preguntas a las que debería responder el Gobierno es si entiende que la Ley fue aplicada con un rigor excesivo, y cual ha sido la injusticia provocada por ello.
Insisto, es algo a lo que debería dar respuesta Sánchez, porque de Podemos, de ERC, de Junts, de Bildu, PNV… ya sabemos que de entrada descalifican todo el proceso, pero no es el caso del presidente, que se comprometió a respetar la sentencia y hacerla cumplir en su integridad.
Si tenemos en cuenta que en 2005 dejó de ser delito convocar un referéndum sobre temas ajenos a las competencias propias de las administraciones autonómicas, y que la mayoría del Parlament de Catalunya es independentista, pues no parece que ni el referéndum en sí, ni la ideología que lo promovió fuesen causa de la condena, sino que ésta fue por sedición, por malversación, por prevaricación… es decir, que con la excepción de lo primero, delitos bastante comunes entre los políticos, y la pregunta es por qué en estos casos el PSOE habla de ejecutar una sentencia es “venganza”, y si otorgará indultos a cualesquiera otros malversadores o prevaricadores… o si tal vez para lograrlo debe ir en concurso de la sedición.
Pero lo que ya riza el rizo, es que los afectados no solicitan el indulto, ni ellos ni nadie en su nombre, que es una condición fundamental para otorgarlo, y aún así, el Gobierno ya ha pedido los informes correspondientes, y aunque ambos son negativos, éste sigue erre que erre en su intención de darlos, vulnerando no ya la Ley sino la propia lógica… ¿imaginan que los indultados se niegan a salir de prisión?
Los presos y sus entornos lo que quieren es la amnistía, en especial Junts, porque el indulto solo sirve a los condenados, ya que borra la pena, pero la amnistía borra el delito, de tal modo que solo ésta sería útil para Puigdemont y el resto de huidos.
No explica el PSOE en qué va a mejorar con estos indultos el clima social en Cataluña, ya que más bien se antoja que el sector independentista se sentirá reforzado en su comportamiento habitual de arrollar a los no independentistas.
Ahora bien, si nos dejamos de todo esto y nos vamos a lo que hay detrás, la maniobra política, pues tampoco es que parezca una estrategia brillante la del presidente, que una vez más, queda como un mentiroso compulsivo e irresponsable.
¿Qué espera lograr Sánchez concediendo indultos a quienes no los quieren, reconocen que no se arrepienten, y anuncian que volverían a hacerlo? ¿con esto va a aguantar dos años más en La Moncloa?
El presidente cree que otorgando ahora esta medida de gracia, será olvidada antes de las próximas elecciones generales, y por eso no le importa que pueda hacerle perder unos comicios en Andalucía, o que se lleve por delante a su candidato en las primarias de junio.
Pero hay un riesgo mayor que afecta directamente a Sánchez, y es que una vez indultados y tras cogerle la medida, el gobierno de Cataluña, frágil como es y unido exclusivamente por el objetivo de reeditar el “process”, decidan acelerarlo y se encuentre él mismo con un referéndum antes de acabar su mandato. Que estén inhabilitado tras el indulto solo significa que no podrán ostentar cargos públicos, pero nadie puede impedir que hagan política, y ellos ya han dicho por activa y por pasiva que volverán a intentarlo.
Sánchez ha hartado también a los independentistas, cansados de oírle hablar de la necesidad de diálogo para resolver el “conflicto”, cansados de pedir una mesa de partidos que no se crea, cansados de una mesa bilateral que tampoco se reune… ¿qué hace pensar al presidente que podrá seguir mareándolos un par de años más? ¿cree que con esta medida le apoyarán los próximos presupuestos o las próximas leyes? ¿no cree que lo único que está haciendo es pagar por adelantado sin ni tan siquiera saber qué está pagando?
Y por cierto, a quienes intentan equiparar los indultos con el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco, habría que recordarles que se trata de una banda derrotada, que es justo lo contrario de lo que sucede con el independentismo, y que si los etarras son presos comunes, lo normal es que se les aplique la normativa común en política penitenciaria, que es la de estar en su entorno social. La diferencia por tanto es que tratar a los presos comunes del “process” de un modo distinto al resto de los condenados, es otorgarles la categoría de “presos políticos”.