La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha organizado esta mañana un webinar informativo donde se ha presentado un estudio que indaga en el sistema de producción tomatera marroquí dentro del territorio del Sáhara Occidental. El acto, al que acudieron Mónica Alonso (de Mundubat) y Andrés Góngora (responsable estatal de la sección de frutas y hortalizas de la organización), ha servido a los autores del informe (Jesús García Luengos y Celia Murias) para presentar una serie de datos que explican como Marruecos emplea una estrategia de ocultación de la trazabilidad de los productos agrícolas que expropia al Sáhara.
Los investigadores explican a través de su trabajo que la zona de Dakhla, en Sáhara, se presenta como ideal para la producción tomatera por sus condiciones geográficas y climáticas, además del interés político que pueda suponer a Marruecos contar con ese espacio. El 80% de la labor agrícola de esta zona se reserva precisamente para el tomate, que llega después a las fábricas de envasad de Agadir, punto fundamental de exportación marroquí.
“Desde este momento ya perdemos el rastro”, explica Celia Murias, ya que una vez los camiones abandonan territorio saharaui, se busca conseguir la marroquización de su mercancía: “esta producción se mezcla en las plantas de empaquetado con el producto que sí es producido en territorio marroquí”. El etiquetado final señala entonces que el tomate procede de Marruecos, pero no indica que parte del mismo tiene origen en el Sáhara Occidental, lo cual incumple la normativa europea que obliga a indicar correctamente el origen de los alimentos: se calcula que entre el 7 y el 14% del tomate marroquí que consumimos tiene su origen en las explotaciones de Dakhla.
Esta producción podría llegar a España a través de la sociedad Les Domaine Agricoles, parte del holding del rey Mohamed VI, cuya producción consiste en melones y tomates. Una de sus filiales, el Groupe d´Exportation des Domaines Agricoles (GEDA) es la encargada de su almacenamiento, empaquetado y transporte: GEDA mantiene una relación con Frulexxo, entidad francesa con base en Perpignan y una subsidaria (Eurextra) localizada en Alicante.
Andrés Góngora ha señalado el impacto que el Acuerdo de Asociación entre Marruecos y la UE tiene en la producción agrícola nacional: señala como ejemplo el notable descenso de la producción tomatera en Almería, que ha descendido de las 10.000 a las 8.000 hectáreas de terreno en apenas 5 años: “se va a ver cómo continúa la desaparición de este tomate”. El estilo de trabajo y explotación de nuestro país y el del terreno marroquí también marca diferencias clave: la media de superficie por explotación en nuestra provincia “no llega a las dos hectáreas: estamos hablando de dos modelos diferentes”.
También Marruecos resulta ser un terreno donde “el coste de la mano de obra es 10 veces menos que en España”, según afirma Góngora. Esto, combinado con el hecho de que nuestras zonas de producción de tomate más destacadas (Almería, Granada, Murcia e incluso las Islas Canarias, cuya potencialidad en este ámbito se vio mermada) coinciden en cuanto a calendario de cultivo con la del Sáhara: “el precio en un mercado global no lo pone quien más calidad saca, si no quien más barato esté en condiciones de ponerlo en el mercado”.
Según el responsable de frutas y hortalizas de COAG, “Marruecos utiliza en las conversaciones comerciales cualquier tipo de estrategia diplomática para conseguir sus objetivos”: sus estrategias principales consisten en lograr aumentar el número de toneladas que pueden exportar y reducir al máximo los costes arancelarios, que Góngora considera “un cachondeo”: el cálculo de este precio (46 céntimos por unidad, algo que ya pone en desventaja al producto nacional) no tiene en cuenta diferentes variedades de tomate.
Estas técnicas de negociación parecen haber obtenido sus frutos en el mercado europeo: entre 2001 y 2019 la exportación de hortalizas de Marruecos a Europa ascendió un 170%, siendo en 2019 4’3 veces superior a 2001: en 2019, el 80% de los tomates producidos en terreno marroquí se enviaban a la UE. Andrés Góngora señala que el acuerdo de asociación, que rige estas relaciones comerciales entre la Unión Europea y Marruecos, “no es para nada equilibrado”.
El tema fundamental detrás de todos estos movimientos lo señala Mónica Alonso, al hablar de la importancia que tiene poner el foco en cómo se está llevando a cabo un proceso de ocupación ilegítima y expolio de recursos en el Sáhara Occidental por parte del gobierno de Marruecos, en el cual el entramado agrícola está jugando también un papel central: “las empresas que están invirtiendo en el territorio saharaui están influyendo directamente en este proceso de ocupación”.
Las soluciones propuestas a este problema pasan por la implicación directa de los gobiernos afectados (entre ellos, el gobierno español) y la respuesta firme de la UE para que se revise el Acuerdo de Asociación. El respeto a la normativa de etiquetado daría la posibilidad a los ciudadanos de escoger qué producto quieren, como apunta Góngora: “los consumidores europeos tenemos que ser consumidores activos y por lo tanto exigir esa claridad en el etiquetado”.
El representante de COAG cree que este acuerdo “debe beneficiar al pueblo nativo de la zona, en este caso también el saharaui, y respetar los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales”, algo que considera difícil de conseguir en la situación política actual de Marruecos, alejada cada vez más de las bases de la democracia.