El diputado provincial de Almería Óscar Liria, detenido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el pasado lunes en el transcurso de la Operación Lúa, ha sido enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza tras declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona, María de los Ángeles Fernández Tío.
Líria y otras diez personas de cinco provincias, fueron las arrestadas inicialmente en el marco de una investigación que comenzó a principios del año 2020 sobre el presunto tráfico de drogas de un empresario catalán, pero acabó derivando hacia la compra irregular de material higiénico sanitario por valor de dos millones de euros parte de la Diputación. Además se han practicado entradas y registros, los últimos de ellos en Valencia, aunque también en otras provincias como Barcelona, Gerona, Murcia y Palma de Mallorca. En el caso de Almería, la actuación policial se practicó en la vivienda del diputado provincial y en dependencias de la Diputación.
El empresario Kilian López Solé, que es el administrador único de la empresa Azor Corporate Ibérica, era el objetivo principal de los investigadores, y esta mercantil la que recibió la adjudicación de la Diputación, en un proceso en el que no intervino directamente Líria. Se da la circunstancia de que la sede social de la empresa está en Barcelona, pero la central operativa lo está en Fines, de donde es el diputado, y que, según aportó el PSOE, empresas vinculadas a López Solé y familiares de Liria, habrían recibido adjudicaciones de obras de la Diputación.
Tras horas de declaración en Barcelona, donde fue trasladado por la Guardia Civil, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha emitido un comunicado con las medidas cautelares dictada por la magistrada.
Así, se indica que se ha tomado declaración a trece detenidos por un procedimiento abierto “por los delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra la administración pública y blanqueo de capitales”.
Junto con Liria, otros dos de los detenidos han ingresado también en prisión por orden de la juez, si bien fue para los únicos que la Fiscalía solicitó prisión. Los otros diez detenidos han quedado en libertad con medidas cautelares de retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio y comparecencias quincenales en el juzgado.
Por último hay que reseñar que tras la detención de Líria también se produjo la de su primo e hijo del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.
Según un comunicado de la Guardia Civil, la investigación se inició a principios del año 2020, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal afincada en Cataluña y dedicada al tráfico de drogas, "a la cual está vinculado un empresario residente en Barcelona, que sería el beneficiario de las adjudicaciones investigadas".
"Las pesquisas se centran principalmente en la adjudicación, en plena crisis el covid-19, de un contrato de suministro de material sanitario por parte de la Diputación de Almería a una de las empresas del citado empresario, adjudicación a cambio de la que se habrían pagado comisiones a un cargo público", añadió el Instituto Armado.
La Guardia Civil subrayó que se trata de la "primera vez que se detecta un caso de adjudicaciones irregulares para la adquisición de material sanitario con motivo del covid-19". Fuentes de la investigación apuntan que el contrato tiene un valor aproximado de dos millones de euros.
La operación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona, junto con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Cuenta también con el apoyo de EUROPOL para llevar a cabo una veintena de registros domiciliarios y de sedes sociales, así como diferentes requerimientos de información a sociedades relacionadas con la investigación.
Los agentes tenían el mandato de bloquear e intervenir diferentes productos bancarios y bienes muebles e inmuebles dentro de un amplio despliegue requerido para la operación policial, bautizada como 'operación Lúa'.