Por Ángela López
Un inmigrante irregular condenado en 2019 en Almería y que tenía orden de expulsión es uno de los cuatro condenadados por protagonizar una revuelta en un centro de confinamiento por covid-19 en Albacete casi un año después, y que tenía como fin escapar de él a pesar de la prohibición por razón de la pandemia, según la sentencia de la Sección Penal de la Audiencia de esa provincia que rechaza la apelación de los cuatro detenidos en la revuelta.
Este inmigrante, nacido en Costa de Marfil y con situación irregular en España, fue condenado por sentencia firme el 5 de noviembre de 2019 en la provincia de Almería como autor de un delito de robo en casa habitada o local abierto al público a la pena de 1 año de prisión. Esta persona era quien alentaba al resto de confinados extranjeros allí presentes a actuar de forma violenta contra los agentes de la Policía Nacional, según detalla el escrito del tribunal.
Este resulta ser el único de los cuatro inmigrantes condenados por delito de desórdenes públicos durante un confinamiento obligatorio por el Covid-19 en Albacete, que presentaba antecedentes penales.
La sentencia dictada por la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Albacete enjuicia la participación de los acusados en una acción tumultuaria que tuvo lugar en la ciudad de Albacete en septiembre de 2020, durante su estancia temporal con motivo de su actividad laboral en faenas agrícolas. Los inmigrantes vivían hacinados en una nave industrial abandonada a las afueras de la ciudad. Esta misma sentencia consideró que los hechos formaban parte de un delito de desórdenes públicos del artículo 557 del Código Penal en su modalidad agravada de utilización de armas o instrumentos peligrosos (cuchillos, tijeras de podar, entre otros) y de resultar potencialmente peligroso para la vida o de originar lesiones graves por el lanzamiento de instrumentos contundentes como tablones, piedras o maletas, aunque en este caso las lesiones producidas a los agentes de seguridad fueron leves.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 5 de agosto de 2020 en el Recinto Ferial de la ciudad de Albacete. En este se encontraban confinadas unas 200 personas para que cumplieran cuarentena obligatoria como consecuencia del Covid-19. En el momento en que efectivos de la Policía Nacional se dirigían al Recinto Ferial para relevar a las unidades policiales que ejercían labores de seguridad en este lugar, los acusados aprovecharon para abandonar el recinto por la fuerza, formando una avalancha hacia el exterior y poner fin a este confinamiento obligatorio.
La Policía Nacional reaccionó a este acto tumultuoso formando una barrera humana, pero los confinados arremetieron contra éstos mediante forcejeos e incluso exhibiendo instrumentos contundentes como, adoquines, piedras, e incluso cuchillos entre otros. La actitud de algunos de los confinados, según se detalla, provocó que los agentes tuviesen que usar sus defensas reglamentarias para frenar la dispersión de estos sin éxito ya que un grupo numeroso consiguió salir al exterior. Mientras tanto, el resto de las personas que no consiguieron salir continuaban los enfrentamientos con los agentes, donde también se encontraban los acusados.
Según la Sentencia, la situación formada en aquel entonces fue de tal gravedad que fue ‘’extremadamente necesario’’ la solicitud de nuevos efectivos de la Policía Nacional para conseguir detener a los confinados, con el objetivo de que no se dispersaran por el resto de la ciudad incitando a la propagación del virus entre los ciudadanos, ya que algunos de los presentes habían dado positivo en Covid-19 o habían estado en contacto con uno de ellos.
Finalmente, el tribunal condenó a los cuatro acusados como autores responsables de un delito de desórdenes públicos. Las penas impuestas para cada uno de ellos fueron de un año y nueve meses de prisión por delito de desórdenes públicos, más la indemnización solidaria de 350 euros a uno de los agentes heridos de manera leve.
Además, los acusados deberán cumplir la mitad de la pena impuesta, siendo sustituida la otra mitad por su expulsión del territorio nacional, impidiendo su regreso a España en un período de seis años.
La representación legal de cada uno de los acusados interpuso recursos de apelación con razonamientos adaptados a la actuación de cada uno de ellos, los cuales fueron trasladados al Ministerio Fiscal. Sin embargo, el Ministerio se opuso al recurso apelado por los abogados solicitando su desestimación y confirmación de la sentencia en todas sus partes.