Resulta cada vez más sorprendente el comportamiento del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, porque si pueden entenderse ciertas decisiones —polémicas— basadas en el pragmatismo político enfocado a aguantar en el poder unos meses más, hay otras que no tienen un pase precisamente por innecesarias.
Sánchez no precisa reformar ni derogar el delito de sedición, como tampoco modificar el de malversación. No lo necesita. Es verdad que tiene ante sí una negociación presupuestaria, pero no es menos cierto que puede convocar elecciones cuanto quiera, y que hasta podría hacerlo coincidiendo con las municipales y algunas autonómicas en mayo próximo, es decir, para votar en seis meses. Haciendo esto, podría prorrogar los presupuestos, y presentarse ante el electorado socialista como un presidente que no acepta chantajes de los independentistas, echando así un cable a sus compañeros candidatos en municipios y autonomías.
Podría hacerlo, ya digo, pero prefiere hacer por los independentistas lo que no ha hecho por Manuel Chaves ni por José Antonio Griñán. Por ellos, por los de su sangre, no fue capaz de reformar el Código Penal para favorecerles, y todo lo más pueden esperar un indulto, porque ya lo hizo con los catalanes condenados por delitos más graves que los de sus compañeros andaluces.
En el caso de la malversación, es inaudita la explicación sostenida por el Gobierno y quienes les sustentan, en el sentido de que no es igual malversar para beneficio propio que para… ¿si no se malversa para beneficio propio, para quién se malversa? Es decir, el dinero público que se destina a lo que no debe destinarse, se destina a eso otro por alguna razón no compatible con la legalidad ¿no? Es cierto que hay excepciones, y les podría contar la que personalmente presencié cuando cubría información de tribunales, y todo una corporación municipal de ancianos, encabezada por el alcalde —no diré qué pueblo de Granada— fueron encausado por malversar, ya que destinaron a solventar una urgencia el dinero que les habían dado a modo de subvención para otra cosa.
Y es curioso escuchar a una jurista como Margarita Robles, ministra de Defensa, argumentar esto, porque no le oye decir lo mismo sobre el cohecho impropio, que es —para entendernos— cuando un político recibe un regalo a cambio de ningún favor, porque si hubiese favor, sería cohecho a secas. Por eso acabó ante el juzgado el expresidente valenciano Camps, por unos trajes, que al final, ni propio ni impropio, no fue cohecho.
Griñán se podrá beneficiar del cambio en el delito de malversación, y comprenderemos que cuando un político malversa dinero para pagar actos de campaña electoral, para pagar sedes de su partido, subvencionar de modo ilegal al sindicato amigo, o invitar a drogas y señoritas a quien le parezca, pues no debe ir a la cárcel, ni él ni quién se lo permitió, ni quien organizó la trama para que la malversación fuese posible, porque no, él no se metió el dinero en el bolsillo, ni lo metió en una cuenta corriente a que le diera intereses.
Lo que también es injusto, y hablo de la sedición, es que quienes son corresponsables de unos hechos considerados delitos de sedición, caso de Junqueras y Puigdemont, no afronten las mismas responsabilidades penales, y que mientras el de ERC asumió las consecuencias de sus actos, el cobarde que huyó, ahora vaya a ser premiado por su vergonzosa huida.
Es un sinsentido porque, ésto, a principios de la legislatura sería comprensible —rechazable para muchos, pero maquiavélicamente comprensible para aguantar en el poder hasta el final— pero ahora era evitable… no digo ya en beneficio de España —su unidad y todo eso— y de la seguridad jurídica, sino del propio PSOE.