El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha dado un tirón de orejas a los magistrados que deben dictar la sentencia por el llamado caso Poniente, cuya vista terminó en julio de 2021. Del Río ha dicho a los periodistas en su visita a Almería que "Me parece que ha pasado un tiempo más que razonable y no parece justificada ya la tardanza en esa resolución" añadiendo que "Yo he hecho una reflexión, estoy muy preocupado como presidente del retraso, creo que ya ha pasado un tiempo prudencial y no está justificado retrasar más el dictado de esta resolución"
La trama que enjuició la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería se judicializó en octubre de 2009, cuando fue intervenido el Ayuntamiento de El Ejido, detenido su alcalde, Juan Enciso, el interventor municipal José Alemán Bracho, así como algunos concejales y empresarios, vinculados como proveedores del Consistorio, como otros relacionados con la empresa mixta Elsur, con Abengoa como principal artífice. Según la Fiscalía Anticorrupción fueron detraídos de las arcas públicas por distintas vías, más de 71,5 millones de euros entre 2002 y 2009.
El presidente ha reconocido estar "muy preocupado" por el retraso en el fallo, ya que tras muchas vueltas se estimó que estaría en octubre, y estamos a mediados de diciembre. "Entiendo esa dificultad y parto de esa dificultad, pero creo que ha pasado ya un tiempo prudencial y creo que los ciudadanos y afectados necesitan saber y conocer el resultado de ese juicio", ha insistido.
Del Rio ha reconocido que iba a mantener una reunión con el ponente y el resto de magistrados para pedirles explicacione sobre la demora, que podría acabar contemplado una rebaja de pena para quienes resultaren condenados.
Parte de las sesiones fueron celebradas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce por culpa de las medidas del covid19.
En el trámite de informes, el fiscal Anticorrupción Jesús Juan Cruz situó el "origen" de la presunta trama en el "desmedido afán de dinero y de goce del poder" del ex alcalde Juan Enciso y el ex interventor José Alemán, para quienes interesa penas que suman 40 años de cárcel y multas por importe total de 23,2 millones de euros.
La Fiscalía atribuye a Enciso y Alemán presuntos delitos de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de falsedad continuada en documento mercantil, ocho delitos contra la Hacienda Pública en calidad de cooperadores necesarios, delito de cohecho pasivo propio continuado y un delito de prevaricación continuada.
Por su parte, la Abogacía del Estado consideró en su turno "plenamente acreditado" la "sobrefacturación" a la empresa mixta Elsur, vinculada a Abengoa, y que en esta práctica mediante subcontratas había un "claro interés económico" del ex alcalde y del ex interventor municipal.
Detalló que la "sobrefacturación" realizada por la "trama" empresarial de los acusados José Amate y Juan Antonio Galán restó a Elsur, 40,2 millones de euros de "beneficio adicional", y que la empresa mixta surgió "con la clara idea de defraudar a la Hacienda Pública".
Remarcó el "perjuicio" al "interés público" causado por la presunta trama corrupta, y cuantificó los gastos "reales" de las subcontratas de Amate en 21,4 millones de euros frente a los "46,5 facturados a Elsur" y en el caso de las sociedades de Galán ha cifrado en 16,8 los gastos "reales" frente a los 32,47 millones de euros facturados a la empresa mixta.
Al hilo de esto, trasladó también como "plenamente acreditado" que hubo "dos personas que se beneficiaron directamente" de las subcontratas de Juan Antonio Galán y apuntó hacía Enciso y Alemán, en su doble condición de alcalde e interventor municipal, además de miembros del Consejo de Administración de Elsur.