El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha emitido un informe desfavorable al Plan Especial del Puerto Seco de Níjar (Almería), el cual, de implementarse, produciría el cambio de uso y reordenación de los accesos existentes, así como la alteración del nivel de servicio y seguridad de la Autovía del Mediterráneo A-7. Esto se debe a que el plan supone el desarrollo de más de 90 hectáreas de suelo para uso industrial y más de 69 hectáreas de suelo de uso logístico en zona de influencia de la red estatal. Según el documento de alcance de estudio ambiental estratégico del plan emitido por la Junta, los proyectos planteados para los Rodenas Norte, Cortijo Pavón, El Jabonero y la ZAL-Almería "pueden implicar" la alteración de los niveles de servicio y seguridad de la Autovía del Mediterráneo A-7, especialmente en dos de sus enlaces.
El Plan Especial que propone el ayuntamiento de Níjar tiene como objetivo dotar de agua y abastecimiento, sistema eléctrico, comunicaciones y acceso rodado con dos puentes sobre la Rambla de Inox a los cuatro sectores urbanísticos a desarrollar, entre los que se encuentra el área logística e industrial vinculada a la Línea de Alta-Velocidad Almería-Murcia. Carreteras ha trasladado al Ayuntamiento nijareño que es necesario evaluar la posible alteración de la A-7 mediante un Estudio de Tráfico y Capacidad. Dicho estudio debe analizar la incidencia de los desarrollos urbanísticos en el nivel de servicio de la Red de Carreteras del Estado para el año de la puesta en servicio del plan parcial y su horizonte a 20 años.
Para garantizar el nivel de servicio y de seguridad viaria de las carreteras afectadas, se proponen esquemas de accesos y soluciones de acondicionamiento. Estas soluciones estarán recogidas en la figura de planeamiento, con adscripción a los distintos desarrollos y limitaciones a la propiedad. Además, la programación de estas actuaciones debe tener en cuenta la necesidad de mantener inalterado el nivel de servicio y seguridad viaria en cada etapa del proceso. Por último, el borrador municipal debe contener una decena de condicionantes adicionales para garantizar estos estándares.