Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía, ha expresado su confianza en que se obtenga una respuesta positiva a la petición oficial enviada a Estados Unidos para retirar las 40 hectáreas de terreno contaminado con americio y plutonio en Palomares. Esta medida ayudaría a saldar una deuda histórica de más de 50 años.
El político Fernández ha expresado su preocupación por la radiactividad en Granada, y ha destacado que las relaciones entre España y Estados Unidos son muy buenas. Según él, los nuevos contactos pueden ser fructíferos.
El portavoz del Ayuntamiento de Palomares ha expresado su confianza en que se pueda llevar a cabo la limpieza de la tierra contaminada, considerando esta tarea como importante y necesaria para saldar una deuda histórica con la localidad. Esto se debe a la información publicada por El País, que sugiere que el Gobierno ha reactivado el expediente para ejecutar la limpieza.
Fernández destacó que la solicitud se ha enviado oficialmente y mencionó que la negociación es un tema muy delicado debido a su larga historia sin resolver el problema principal, que es la presencia de restos de plutonio en 50.000 metros cúbicos de tierra.
Según ha indicado una fuente, se trata de un esfuerzo para que Estados Unidos tome oficialmente responsabilidad sobre esta tierra, aunque haya habido algunos acuerdos informales al respecto. La fuente ha aclarado que este asunto no está relacionado con las negociaciones sobre la base estadounidense en Rota (Cádiz). En 2015, ambos gobiernos firmaron una declaración de intenciones sobre este tema.
El delegado de Gobierno ha resaltado que el Ministerio de Asuntos Exteriores está interesado en solucionar el problema de la tierra contaminada, para poder enterrarla en un lugar adecuado. En este caso, se ha propuesto el desierto de Nevada porque cuenta con las condiciones necesarias y está preparado para este tipo de acciones, lo cual no ocurre en España.
Después de 57 años del accidente de las cuatro bombas termonucleares en Palomares, la limpieza de la contaminación por americio y plutonio sigue pendiente. El Tribunal Supremo rechazó en 2022 instar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a fijar un plazo para ejecutar el Plan de Rehabilitación, lo que ha llevado el asunto a Bruselas, Estrasburgo o al Tribunal Constitucional para su resolución. No se ha especificado qué organismo sería competente para llevar a cabo la limpieza.
El CSN aprobó en 2010 un plan preliminar de rehabilitación que incluye el almacenamiento de 6.000 metros cúbicos de tierra obtenidos tras la limpieza de 50.000 metros cúbicos.
Durante el proceso judicial relacionado con la radiactividad en Palomares, la Abogacía del Estado ha afirmado que la limpieza de las 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica es una decisión política y no una obligación legal o internacional. Además, han destacado que la eliminación del americio y el plutonio se llevará a cabo en función de la cooperación internacional y la disponibilidad de inversión necesaria.
"Es necesario contar con la colaboración de otros países ya que en España no hay un lugar seguro para almacenar los residuos contaminados con plutonio", ha afirmado. Además, ha destacado la importancia de llegar a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, con quien se encuentran en negociaciones diplomáticas.
Recientemente, una queja presentada ante la Comisión de Peticiones ha llevado al Parlamento Europeo a solicitar una investigación "preliminar" a la Comisión Europea (CE) para determinar si hay posibles puntos radiactivos fuera del vallado perimetral de seguridad. En 2019, otra queja provocó una misión de verificación de Bruselas en la zona y desde Europa se sigue "realizando un seguimiento" de la situación junto con las autoridades españolas.
En lo que va del año 2021, se han encontrado niveles de contaminación en el 72% de las cien muestras analizadas.
En el último muestreo en Palomares, se realizaron cerca de 400 análisis por parte del Ciemat a muestras de aire, alimentos, flora y fauna, sedimentos y agua recogidas en 2021. De estos análisis, se detectó concentración de actividad de americio y plutonio en un total de 112 casos. Sin embargo, todos los valores detectados están por debajo de los niveles de referencia establecidos en el Plan de Vigilancia Radiológica de la zona.
De acuerdo con el Ciemat, los niveles de actividad encontrados en la concentración son "similares" a los registrados en años previos. Por lo tanto, se concluye que la evolución del nivel de contaminación durante la última década (2010-2021) ha permanecido estable.
Se logró cuantificar el plutonio en 95 de los 141 análisis realizados. La mayoría de las muestras se recolectaron a través del cambio semanal de los filtros de aire en tres estaciones medidoras, dos de ellas ubicadas en la zona 2 del área bajo vigilancia radiológica y la otra en una zona urbana. En todos los análisis se detectó actividad radiactiva en forma de partículas suspendidas.
Según un informe anual del Ciemat, se realizaron mediciones para estimar la posible dosis que podría recibir la población por inhalación de partículas contaminadas con plutonio y americio en el aire. Además, se detectó americio en 17 de las 251 muestras analizadas, principalmente en suelos tomados de cuatro estaciones medidoras ubicadas en la zona 2, zona 6 o Sierra Almagrera y zona urbana.
La mayoría de los dueños de las 44 fincas afectadas por la expropiación forzosa en Palomares han rechazado la valoración económica del Gobierno y han comunicado su desacuerdo a la administración. Por lo tanto, será el jurado provincial de Expropiación Forzosa quien tome la decisión final en vía administrativa.
El Estado ha ofrecido entre un euro y 80 céntimos por metro cuadrado de terreno rústico, mientras que en el suelo urbanizable se ha valorado en una media de 0,91 euros por metro cuadrado. La expropiación forzosa se justifica por la necesidad de mantener el control sobre el suelo afectado por contaminación residual y porque no se han terminado los trabajos de recuperación. Además, se evita una nueva prórroga que excedería la indemnización del valor de las fincas según lo establecido en el artículo 35 del Tratado Euratom.