El miércoles se llevará a cabo un juicio en el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería contra el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, y un exconcejal de Urbanismo. La Fiscalía les acusa de prevaricación continuada relacionada con la ordenación del territorio. Se les solicita una pena de tres años de prisión por presuntamente haber autorizado obras sin los permisos necesarios. También están siendo juzgados tres promotores y constructores por este mismo caso.
Según el informe provisional del Ministerio Público, el alcalde y el responsable de Urbanismo habrían dado su aprobación verbal en 2014 para unas obras que sabían que eran ilegales. Además, habrían ignorado intencionalmente otra obra de rehabilitación que se estaba llevando a cabo sin licencia y no realizaron ninguna inspección.
La Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión para los promotores y constructores que solicitaron la rehabilitación de una vivienda en situación legal de fuera de ordenación en octubre de 2013. Según la Fiscalía, la obra antigua estaba en un evidente estado de deterioro, pero se iba a respetar su estructura y cimientos.
En febrero de 2014, se pidió y obtuvo una licencia municipal para realizar una actividad. Sin embargo, durante una inspección realizada por el Seprona en junio del mismo año, se descubrió que lo que se estaba haciendo era demoler y construir una nueva estructura en lugar de rehabilitar la existente, sin ninguna similitud con la original.
Según el fiscal, los acusados realizaron las obras sabiendo que se encontraban en terrenos no urbanizables de carácter natural o rural, lo cual violaba las condiciones de la licencia y no estaban autorizadas.
Además, se encontró a otro residente que llevó a cabo trabajos de renovación en una construcción, incluyendo el cambio del techo y la renovación de los interiores. Sin embargo, estas obras se realizaron en un área protegida y no urbanizable, lo que llevó a su denuncia por parte de los agentes del Seprona en julio del mismo año.
En este caso, el acusado no había solicitado permiso para realizar las obras y estas no eran autorizables. Sin embargo, la superficie se amplió ligeramente con una pequeña nueva estancia.
En otro terreno, también "hizo cambios importantes en la construcción que ya estaba allí, a pesar de saber que estaba ubicada en un área protegida no urbanizable".
El acusado había solicitado una licencia para el "adecentamiento de vallado", pero según el fiscal, había realizado obras que excedían ampliamente su solicitud. Los agentes del Seprona denunciaron la actuación cuando las obras ya estaban en marcha y aún no se había resuelto la petición del Ayuntamiento.
La Fiscalía ha solicitado una pena de prisión para el alcalde y un concejal, así como una multa diaria de 20 euros durante 20 meses. Además, se pide una multa similar y la inhabilitación por tres años en la profesión y oficio relacionados con la construcción para los promotores y constructores involucrados.